La noche del 9 de junio de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió solicitar la renuncia de todos los directores provinciales de la institución, con el objetivo de evaluar su desempeño y adoptar medidas orientadas a fortalecer la gestión institucional y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del organismo.
A través de un comunicado, la Judicatura también informó sobre la destitución de una jueza de Quito por manifiesta negligencia durante la tramitación de una causa relacionada con violencia intrafamiliar.
Además, el Pleno dispuso el inicio de expedientes disciplinarios contra ocho funcionarios y exfuncionarios judiciales de las provincias de Esmeraldas, Guayas, Pastaza y Santo Domingo de los Tsáchilas, por presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones.
De igual manera, se sancionó con una multa equivalente al 50 % de una remuneración básica unificada (USD 241) a una abogada en libre ejercicio profesional, quien habría actuado con mala fe y deslealtad procesal al presentar una apelación contra una supuesta sentencia inexistente dentro de una acción de protección.
En la misma sesión, el Consejo de la Judicatura resolvió archivar las investigaciones disciplinarias iniciadas contra diez servidores y exservidores judiciales, al determinar que no existían elementos suficientes para establecer la comisión de infracciones disciplinarias en el ejercicio de sus funciones.
Radio Pichincha
LV