Con un diagrama de la estructura criminal que ubica a Xavier Jordán en el control, a José Serrano y Ronny Aleaga en la planificación, a Daniel Salcedo en la coordinación y los acercamientos y a tres cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos en la coordinación es como concluye un informe policial que fue ingresado el 28 de mayo último al expediente del caso Magnicidio FV, causa penal en la que se convocó a audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para este viernes, 5 de junio.
En marzo pasado concluyeron los 120 días de instrucción fiscal definidos dentro del proceso penal que investiga a siete posibles autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de la alianza Gente Buena-Construye. Este crimen al estilo sicariato ocurrido en el norte de Quito se concretó la noche del 9 de agosto de 2023, justo cuando él abandonaba un mitin político e intentaba subir a una camioneta que no contaba con blindaje.
La investigación dentro del caso, bautizado por Fiscalía como Magnicidio FV, desde el 3 de septiembre pasado, cuando se abrió la etapa de instrucción fiscal, se centró en Serrano, exministro del Interior y Justicia del gobierno de Rafael Correa; en Jordán, quien mantiene en suspenso un llamado a juicio en el caso Metástasis; Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), y Daniel Salcedo, condenado a más de 34 años de prisión por actos de corrupción en las áreas públicas de salud y justicia.
Ya casi al final de los 90 días iniciales de instrucción, la fiscal que lleva la investigación, Ana Hidalgo, pidió la vinculación de tres cabecillas de Los Lobos. Luego de una audiencia de formulación de cargos, el 10 de febrero pasado, en Quito, a la causa fueron vinculados Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo; su hijastro Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis.
Según la Fiscalía, alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis habrían participado en la planificación previa del crimen contra Villavicencio. De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, los ahora imputados coordinaron previamente el ataque mortal con apoyo de grupos irregulares armados de Colombia, por pedido de Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo, a cambio de altas sumas de dinero.
Los siete procesados tienen vigente una orden de prisión preventiva, pero solo tres la cumplen: Salcedo, Arboleda y Aguilar. Para cuando se inició su procesamiento en Magnicidio, los dos primeros ya estaban detenidos cumpliendo otras penas de prisión, mientras que alias Lobo Menor fue expulsado de Colombia a Ecuador y desde el pasado 19 de marzo está internado en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
Serrano, Jordán y Aleaga han apelado sus prisiones preventivas desde Estados Unidos, los dos primeros, y el último desde Venezuela, aunque desistió. En cambio, alias Pipo permanece preso en España, a la espera de que se defina un proceso de extradición con pedidos de Ecuador y Estados Unidos.
La audiencia convocada para este viernes, 5 de junio, por el juez penal de Pichincha Geovanny Freire llega en medio de las últimas diligencias que han aportado datos que sostienen la acusación de que los procesados tienen responsabilidades distintas en el nivel de mentalización del crimen. Por ejemplo, está el testimonio anticipado rendido el miércoles último por el exoficial de la Policía Rodney Rengel, quien es procesado en otra causa penal, o el informe policial de más de 1.224 páginas, en el que se condensan versiones, pericias y demás elementos de prueba con los que la Fiscalía pretende que en esta parte del proceso se llame a juicio a los siete sospechosos.
Amanda Villavicencio, hija del político asesinado y acusadora particular en Magnicidio, no solo está convencida de que existen elementos suficientes para juzgar a estas siete personas por su intervención en el crimen, sino que piensa que la información recabada a lo largo de estos meses de instrucción abre la posibilidad de que existan nuevas investigaciones por delitos distintos, como los que se han juzgado hasta el momento y contra otros personajes.
Eduardo León, defensa del exministro Serrano, califica al caso como “difuso y oscuro”, pues —coloca como ejemplo— ni siquiera se conoce a ciencia cierta cuánto se habría pagado para que se concrete el crimen que se investiga. Asegura que este caso es producto de un tema político y si se resolviera alejado de esas situaciones, todos los procesados como autores intelectuales deberían ser declarados inocentes.
En primera instancia, el juez Freire este viernes deberá instalar la diligencia para escuchar los fundamentos de supuestas nulidades que afecten la validez procesal de todo lo actuado dentro de la instrucción. Luego de ello, el magistrado deberá analizar y decidir si declara o no la validez procesal.
Si no se aceptan las nulidades planteadas, las cuales llegan generalmente desde las defensas de los investigados, será el turno de la fiscal Hidalgo para exponer su dictamen acusatorio, dar a conocer la teoría del caso, los elementos que cuenta contra cada uno y elevar su pedido de que todos sean llamados a juicio. Las acusaciones particulares también intervendrán en esta fase, así como también las defensas de los acusados.
Indistintamente de cuál sea la decisión del juez sobre si llama o no a juicio, todos los sujetos procesales deben anunciar la prueba pericial, testimonial y documental que usarán si se decide emitir un auto de llamamiento a juicio. (I)