El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia determinó que once menores de edad, reclutados por facciones disidentes de las extintas Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, fallecieron por impactos de bala durante los combates registrados el 27 de mayo de 2026 en el área rural de San José del Guaviare.
Las víctimas perdieron la vida en medio del fuego cruzado entre estos grupos, que se disputan el control del narcotráfico en la localidad de Barranco Colorado, según reveló una investigación publicada por el medio Semana.
El informe forense detalla que los 11 menores fueron plenamente identificados dentro de un grupo de 43 cuerpos reconocidos, de un total de 48 víctimas trasladadas a Medicina Legal después de los choques armados. El documento citado por el citado medio señala textualmente:
“Todos fallecieron producto de disparos con arma de fuego”.
Perfil de las víctimas: una tragedia silenciada
Entre los fallecidos se encontraba Daniela Mucutuy Valencia, quien acababa de cumplir la mayoría de edad. Ella era prima de los hermanos Mucutuy, los niños que fueron rescatados con vida tras semanas de sobrevivir en la selva. A diferencia de sus primos, Daniela fue reclutada cuando aún era una niña y murió combatiendo para las disidencias, sin recibir la misma atención mediática ni protección institucional.
De acuerdo con el instituto forense, 5 de los menores asesinados tenían 15 años, lo que evidencia la práctica sistemática de reclutamiento forzado por parte de las organizaciones armadas ilegales. Del total de 11 menores identificados, 8 eran varones y 3 mujeres.
Disidencias de las Farc: señaladas por crímenes de guerra
Las facciones disidentes lideradas por Iván Mordisco y alias Calarcá, protagonistas de los enfrentamientos por el control del narcotráfico en la región, son señaladas como las responsables directas del reclutamiento y asesinato de estos adolescentes. El hecho de que estos cabecillas hayan participado en espacios de diálogo con el Estado colombiano agrava la controversia sobre su implicación en crímenes de guerra, según destacó el reportaje de Semana.
Medicina Legal precisó que, del total de cuerpos analizados, 34 correspondían a adultos, 39 eran hombres y 9 eran mujeres, incluyendo a las once víctimas menores de edad. El alto número de fallecidos refleja el carácter letal de la confrontación en la zona.
Reacciones del Estado y el contraste mediático
La historia de los hermanos Mucutuy, que acapararon titulares internacionales tras su rescate en la selva, contrasta fuertemente con el destino de Daniela y los otros menores ejecutados. Este contraste ha generado reclamos ciudadanos exigiendo una mayor protección para la infancia en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
El caso reabre los interrogantes sobre la capacidad del Estado colombiano para cumplir con los compromisos adquiridos en los procesos de paz y para brindar seguridad a las comunidades que viven bajo la amenaza constante de los grupos ilegales. Mientras algunos menores lograron regresar a sus hogares tras episodios de búsqueda y rescate, otros, como Daniela, quedaron fuera del foco de las acciones oficiales y expuestos a la violencia.
El Icbf condena la masacre y pide detener el reclutamiento
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) rechazó categóricamente la muerte de los once menores identificados en los enfrentamientos del 27 de mayo en la zona rural de San José del Guaviare. La entidad hizo un llamado urgente a los grupos armados para que detengan el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto.
Desde el Icbf se confirmó que la información proporcionada por Medicina Legal corroboró la presencia de menores entre las víctimas, un hecho que la institución calificó como una grave afectación a los derechos de la niñez.
La entidad recordó que el reclutamiento, uso y vinculación de menores por parte de actores armados constituye una violación flagrante de sus derechos. Asimismo, reiteró el llamado de la directora del Icbf, Astrid Cáceres, para que los grupos armados entreguen a los menores que permanecen en sus filas y permitan su retorno a entornos protectores.
De acuerdo con las cifras oficiales del Icbf, en los últimos cuatro años, 1.305 niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado ingresaron a programas especializados de atención y restablecimiento de derechos. Además, la institución informó que 1.219 menores fueron incorporados al sistema de protección especial por encontrarse bajo amenazas de reclutamiento o por riesgos inminentes contra su vida, con el objetivo de evitar su captación por las estructuras armadas.
Fuente: Infobae