El Gobierno de Daniel Noboa enfrenta uno de los casos de corrupción más grandes de su gestión: los contratos eléctricos.
Durante la crisis de 2024, que sumió al país en apagones de hasta 14 horas, el Gobierno de Daniel Noboa suscribió contratos de emergencia por USD 239 millones para la adquisición de generadores terrestres con las empresas Progen Industries y Austral Technical Management (ATM).
Actualmente, la Fiscalía procesa a 21 personas por presunto peculado, señalando que el Estado pagó por equipos viejos u oxidados que nunca funcionaron.
En medio de este proceso judicial, Byron Orozco, exgerente de Termopichincha y uno de los imputados, asegura en una entrevista -en Ecuavisa este 12 de mayo de 2026- que la cuerda “se está rompiendo” por el lado más flojo.
Orozco asumió la gerencia de la Unidad de Negocio Termopichincha en junio de 2024, apenas semanas antes de la firma de los contratos con Progen para las centrales de Quevedo y Salitral.
Según su testimonio, él no fue el arquitecto de esta contratación, sino que el proyecto ya estaba estructurado desde niveles superiores.
“La respuesta real sobre los responsables de cómo llega Progen no nace en Termopichincha, nace muchísimo antes“, denuncia Orozco.
El exgerente revela que, tras sus propias investigaciones de defensa, descubrió que la empresa estadounidense ya operaba en las sombras mucho antes de la declaratoria de emergencia: “estaba presente en el país desde diciembre del 2023; hubo gestiones previas durante ese periodo“.
Fines, multas y la presión desde arriba
A pesar de las dudas actuales sobre la idoneidad de la empresa, Orozco afirma que, durante su gestión, intentó imponer “rigor técnico” ante los constantes retrasos de Progen, que demoró el embarque de equipos por más de un mes sin razones claras.
Asegura que llegó a notificar sobre las sanciones: “En mi gestión se multa a Progen, se le notifica que si llega al 5% del valor del monto del contrato se va a dar por terminado de manera unilateral”.
Sin embargo, este control técnico chocó con intereses políticos.
Orozco describe un escenario de hostigamiento para favorecer a la contratista: “Sentíamos una presión importante de las autoridades respecto de tratar de atender una emergencia con reuniones continuas para poder llegar a una alternativa de viabilidad”.
El exgerente señala directamente al Ministerio de Energía, mencionando que el doctor José de Oliveira, entonces coordinador jurídico bajo el mando de Roberto Luque, realizaba un seguimiento exhaustivo que buscaba “agilizar el proceso pese a todo”.
Orozco recuerda que recibía llamadas y asistía a reuniones constantes donde se sentía la urgencia de las autoridades por viabilizar los contratos a pesar de las inconsistencias.
La renuncia
El punto de quiebre ocurrió cuando se intentó modificar las condiciones del contrato mediante una adenda que Orozco consideró perjudicial para el Estado.
La propuesta buscaba dividir un hito de pago del proyecto Quevedo en cinco partes más pequeñas, facilitando desembolsos a Progen.
“La presión por generar la adenda hizo que tome la decisión de presentar mi renuncia de manera irrevocable porque no estaba de acuerdo y no le convenía ni técnica ni administrativa ni económicamente al país“, sentencia Orozco.
Tras su salida, estas condiciones fueron finalmente aceptadas y firmadas por las nuevas autoridades designadas.
Una justicia “apresurada”
Para Orozco, la audiencia de formulación de cargos convocada por la Fiscalía deja fuera a actores fundamentales del proceso. Critica que no se haya incluido a los administradores de contrato, quienes poseen la información técnica de la ejecución, ni a los altos mandos que dictaron las directrices políticas.
“Faltan los altos mandos por supuesto. Esto no es una decisión que la tomó Byron Orozco, es una decisión que vino ejecutándose con las directrices de las autoridades del sector“, concluye, haciendo un llamado a la justicia para que no se utilice a los técnicos como “chivos expiatorios” de una estafa millonaria contra el pueblo ecuatoriano.