El presidente haitiano Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado a tiros en su dormitorio la madrugada del 7 de julio de 2021. Su muerte desencadenó una ola de violencia de pandillas y caos en Haití que perdura hasta hoy. Más de un millón de personas han abandonado sus hogares y las autoridades no han podido celebrar elecciones para reemplazarlo debido a la inseguridad en Puerto Príncipe.
Tras ocho semanas de juicio, un jurado federal en Miami declaró el viernes a cuatro hombres del sur de Florida culpables de conspirar para asesinar al mandatario. Los acusados estaban vinculados a la empresa de seguridad Counter Terrorism Unit Federal Academy, con sede en Miami. Sus propietarios afirmaron que creían actuar bajo una orden judicial haitiana legítima cuando contrataron a más de veinte exsoldados colombianos para derrocar —no matar— a Moïse, quien en ese momento era un presidente impopular.
Durante el alegato final, el fiscal adjunto Jason Wu señaló:
“¿Por qué esta horrible crueldad, esta espantosa brutalidad? Para poder instalar a un títere como presidente de Haití”.
Wu agregó que los acusados planeaban beneficiarse de futuros contratos con un nuevo gobierno como parte de un plan multimillonario para desarrollar el empobrecido país, motivados por “su codicia, su arrogancia y su sed de poder”.
Los abogados defensores sostuvieron que los comandos colombianos fueron contratados para proporcionar seguridad a las autoridades haitianas con el fin de detener a Moïse por delitos contra el Estado. Supuestamente, el plan era arrestarlo e instalar a un presidente elegido a dedo. Los acusados dijeron que cuando los mercenarios llegaron, Moïse ya estaba muerto.
Tras dos días de deliberaciones, los cuatro fueron declarados culpables de cinco cargos, entre ellos conspirar para matar o secuestrar al presidente, proporcionar apoyo material a la conspiración y violar la Ley de Neutralidad estadounidense por emprender una expedición militar ilegal al extranjero. Las condenas conllevan posibles penas de cadena perpetua.
Los condenados son:
- Arcángel Pretel, de 53 años, exinformante del FBI nacido en Colombia.
- Antonio Intriago, de 63 años, estadounidense de origen venezolano.
- James Solages, de 40 años, estadounidense de origen haitiano que trabajaba en el mantenimiento de un centro para ancianos en Florida antes de unirse a la empresa de seguridad en Haití.
- Walter Veintemilla, de 57 años, corredor de hipotecas y seguros estadounidense de origen ecuatoriano, a quien los fiscales describieron como el “hombre del dinero” que financiaba la operación.
Al leer el veredicto, Intriago hundió la frente entre las manos. Algunos abogados defensores consolaron a sus clientes con abrazos. David Howard, abogado de Pretel, palmeó la espalda de su cliente y recorrió la mesa de la defensa para ofrecer condolencias a cada acusado.
Otras seis personas ya se declararon culpables por su papel en el plan, y todas excepto una fueron condenadas a cadena perpetua. Aunque el juicio reveló detalles turbios sobre la muerte de Moïse, aún persisten dudas sobre quién ordenó realmente el asesinato. Gran parte de las pruebas presentadas en Miami estaban clasificadas por seguridad nacional, ya que involucraban a informantes del gobierno estadounidense.
Un experto médico de la defensa declaró que dos balas recuperadas del cuerpo del presidente no coincidían con sus heridas. Los abogados defensores teorizaron que las balas fueron colocadas como parte de una conspiración haitiana paralela para inculpar a los colombianos y a la empresa de seguridad.
“La bala está impoluta. Algo no huele bien”, dijo Jonathan Friedman, abogado de Solages.
Por razones de salud, se espera que un quinto acusado, Christian Sanon, pastor estadounidense de origen haitiano, sea juzgado a finales de este año.
Fuente: Infobae