Tras solicitar información sobre presuntas irregularidades en los certificados de formación de Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión de Selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General, el legislador Luis Molina señaló que el propio Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) reconoció que no verificó la autenticidad de los documentos ni la existencia jurídica de Aina Group antes de otorgar el puntaje.
Respuesta del Cpccs
En su cuenta de X, Molina indicó que mediante el Oficio Requerimiento de Información Nro. AN-MOLF-2026-0051-ORI del 5 de mayo de 2026, solicitó información a Andrés Fantoni, presidente del Cpccs, luego de que con fecha 24 de abril de 2026, Santiago Peñaherrera Navas, en su calidad de coordinador general de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana, dio respuesta a un requerimiento de información solicitado por presuntas irregularidades en los certificados de formación de Jacho.
El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) comentó que, como parte de la respuesta otorgada, recibió varios documentos anexos, entre los cuales consta un escrito de fecha 20 de abril de 2026, suscrito por Alex Naranjo Aguilar dirigido a Jacho.
Según el legislador, en ese documento se establece expresamente que las certificaciones emitidas dentro de los programas de capacitación corresponden exclusivamente a procesos de formación no formal, cuya finalidad es acreditar la participación y el aprovechamiento académico, sin que estas tengan equivalencia con títulos de educación superior, grados académicos ni certificaciones oficiales reguladas por el Estado. Es decir, según Molina, se enmarcan en el ámbito de la formación continua y actualización profesional.
Cuestionamiento a la puntuación
Recordó que el 27 de abril de 2026 también solicitó al Cpccs que informe de manera detallada las razones por las cuales el Pleno de dicha institución otorgó puntuación a Jacho en función de certificaciones emitidas por Aina Group.
Ese mismo día, dio a conocer que la Fiscalía inició una indagación previa contra Jacho por la presunta comisión del delito de falsificación y uso de documento falso.
Las sospechas surgieron tras un proceso de fiscalización liderado por la bancada de la RC, en el cual se detectaron irregularidades en los certificados de formación técnica presentados por Jacho, supuestamente emitidos por el centro de capacitación Aina Group.
Por su parte, Jacho defendió la validez legal de su documentación y señaló que el departamento jurídico del organismo remitirá las respuestas correspondientes a las autoridades.
¿No hubo verificación?
Molina recalcó que tampoco se evidenció la verificación de la autenticidad de dichos documentos ni de la existencia jurídica de la referida entidad.
En ese sentido, señaló que el Cpccs admitió que se calificó con base en certificaciones de formación no formal, sin equivalencia a títulos académicos, y sin un proceso riguroso de validación.
Frente a ello, indicó que solicitó al Cpccs que informe qué acciones ha tomado ante estos hechos y que determine posibles responsabilidades.
Agregó que la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía no puede estar rodeada de dudas ni de procedimientos débiles, ya que se requiere transparencia.