Además de la movilización prevista para el 1 de mayo de 2026, organizaciones sociales y políticas preparan nuevas acciones durante este mes. Entre ellas se contempla impulsar un proceso de revocatoria de mandato tras la rendición de cuentas del presidente Daniel Noboa, prevista para el 24 de mayo, así como una nueva jornada de protestas el 28.
Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), señaló que estas medidas se adoptan pese al despliegue propagandístico del régimen, que habría costado más de USD 7 millones, así como a procesos de criminalización contra dirigentes y al clima de temor que, a su criterio, se intenta instaurar en la población.
Quishpe también cuestionó el rol del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a las próximas elecciones seccionales y advirtió que el organismo no garantiza procesos democráticos, lo que se evidencia en la cancelación de organizaciones como Unidad Popular y Construye, así como en sanciones contra la UNE y Yasunidos.
Por su parte, el director nacional de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana, afirmó que su organización sí podrá participar en las elecciones de noviembre de 2026, ya que la resolución del CNE no está en firme mientras no sea conocida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
En ese contexto, indicó que mantienen conversaciones con Pachakutik y el Partido Socialista para posibles alianzas e inscripción de candidaturas, entre ellas se contemplan cuadros como el de Natasha Rojas, Isabel Vargas y Carlos Castellanos.
El dirigente reconoció que, aunque existe expectativa de participación, también hay preocupación por una eventual persecución contra quienes buscan postularse en las seccionales.
Por su parte, la dirigente indígena Pacha Terán se refirió al reciente pronunciamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) sobre la revocatoria de mandato y aclaró que su presidente, Marlon Vargas, no puede actuar de forma unilateral, ya que debe convocar a una asamblea.
Radio Pichincha