El reciente reporte de la quinta revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado en abril de 2026, ha encendido las alarmas sobre el futuro económico de Ecuador.
Tras el incumplimiento de las metas fiscales a finales de 2025 y principios de 2026, el organismo multilateral ha endurecido sus condiciones, exigiendo al país un paquete de medidas correctivas que pone el peso del ajuste en la recaudación de impuestos y la eliminación de exenciones, confirmando las advertencias realizadas por analistas como el economista Marco Flores.
El informe técnico revela que Ecuador no logró alcanzar el balance primario no petrolero ni las metas de déficit global previstas para enero de 2026.
Según el FMI, esto se debió a una caída en los ingresos petroleros, un gasto mayor en medidas compensatorias tras la reforma a los subsidios y un uso “mayor al esperado” de créditos tributarios por parte de los contribuyentes.
Para corregir el rumbo, el Gobierno se ha comprometido a implementar un paquete de medidas proyectado para generar ingresos adicionales equivalentes al 1,3% del PIB entre 2026 y 2027. Tomando como base el PIB nominal proyectado por el propio FMI para 2026 de US 138.194 millones, este ajuste representa una inyección estructural de aproximadamente US1.796,5 millones a las arcas públicas.
El IVA como eje central
Tal como analizó el economista Marco Flores, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el protagonista de este ajuste.
El organismo indica que se busca “delimitar el alcance de los bienes y servicios sujetos al IVA (algunos de los cuales no estaban siendo gravados)”, enfocándose inicialmente en aquellos consumidos por hogares adinerados.
Solo por este concepto de optimización de exenciones del IVA y otros gastos tributarios, el FMI espera recaudar el 0,5% del PIB, lo que equivale a unos USD 691 millones anuales en 2026.
Cabe resaltar que desde abril de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa incrementó el IVA del 12% al 15% como pedido del acuerdo con el Fondo. Y, recientemente el Servicio de Rentas Internas (SRI) recordó que se aplica IVA al 15% a productos procesados, entre ellos, la leche deslactosada, atunes y al menos 60 productos más.
A esto se suman otras medidas de choque que se comprometió el país con el FMI:
- Impuesto a la Renta: El fortalecimiento del régimen de retención y pago anticipado aportará el 0,2% del PIB (USD 276,4 millones).
- Control de Créditos Tributarios: El endurecimiento en el uso de créditos para pagar obligaciones tributarias sumará otro 0,1% del PIB (USD 138,2 millones).
Minería y nómina: Los otros pilares del ajuste
El reporte también detalla que para 2027 entrará en pleno vigor el nuevo régimen fiscal minero. El llamado “ajuste soberano” (que asegura que el Estado reciba al menos el 50% de los beneficios de los proyectos) generará un ingreso adicional del 0,5% del PIB. Con un PIB proyectado para 2027 de USD 144.135millones, esto representaría unos USD 720,7 millones adicionales ese año.
En cuanto al gasto público, la meta es compleja.
El FMI recomienda mantener políticas de contratación “prudentes”, limitando el número de empleados y los salarios. Entre 2024 y 2028, se espera que la contención de la masa salarial aporte un ahorro acumulado del 1,6% del PIB, lo que significa que el Estado dejará de gastar aproximadamente USD 2.211 millones en sueldos para cumplir el plan.
Metas para 2031
El objetivo final de este “esfuerzo” tributario y de austeridad es la sostenibilidad de la deuda pública.
Ecuador se ha comprometido a reducir su deuda hasta alcanzar el límite legal del 40% del PIB para el año 2031. Para lograrlo, el país debe mantener una senda de consolidación fiscal acumulada del 6,6% del PIB hasta el año 2028.
A pesar del optimismo del Gobierno tras haber regresado a los mercados internacionales en enero de 2026 con una emisión de USD 4.000 millones, el FMI advierte que los riesgos siguen siendo “elevados”. En esos riesgos destacan el alto costo de vida y la desigualdad, que podrían detonar descontento social, afectando la capacidad del Gobierno para implementar reformas económicas.
La volatilidad del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, la inseguridad interna y la “fragmentación política” que podría frenar estas reformas son las principales sombras que amenazan el cumplimiento de estas ambiciosas metas.
Radio Pichincha