El antiguo consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ha rechazado este martes de forma tajante ante el Tribunal Supremo cualquier tipo de mediación por parte de Begoña Gómez en el proceso de rescate de la compañía Air Europa durante la crisis sanitaria. Con un rotundo
“No”
, el empresario respondió al ser consultado sobre si la mujer del presidente del Gobierno de España tuvo influencia en la aprobación de las ayudas estatales.
Esta comparecencia en calidad de testigo tuvo lugar en el marco de la séptima jornada del juicio relativo al ‘caso mascarillas’, una derivación del expediente conocido como ‘caso Koldo’. Si bien el centro de la investigación no es propiamente el auxilio financiero a la aerolínea, gran parte de las interrogantes se concentraron en las condiciones bajo las cuales el grupo recibió, en noviembre de 2020, una inyección de 475 millones de euros procedentes del fondo para empresas estratégicas de la SEPI.
A pesar de que el nombre de Begoña Gómez ha sido relacionado con este rescate en múltiples ocasiones, hasta la fecha no existen pruebas sólidas en el sumario que certifiquen su participación activa. Su mención en este proceso judicial responde más a una serie de conjeturas y debates en las esferas política y mediática que a realidades probadas en el ámbito del derecho.
Vínculos, comunicaciones y distintas narrativas
La raíz de esta polémica se remonta a los periodos más críticos de la pandemia, época en la que Air Europa, posicionada como la tercera compañía aérea del país por volumen de usuarios, enfrentaba una insolvencia inminente. La asistencia aprobada por la administración de Pedro Sánchez en noviembre de 2020, que ascendió a 475 millones de euros, impidió el colapso de la empresa, pero generó dudas que persisten hasta hoy.
En este escenario es donde surge la figura de Gómez. Diversas declaraciones en la investigación sugieren una presunta proximidad personal entre Hidalgo y la esposa del mandatario, nexo que supuestamente habría agilizado el trámite de los fondos. Incluso el exministro José Luis Ábalos llegó a manifestar que el directivo buscó el apoyo de Gómez, basándose en lo que el propio empresario le habría comentado.
Por otro lado, Koldo García mantuvo la tesis de que Gómez
“sí intervino”
, apoyándose en la familiaridad que percibió entre ambos en reuniones de carácter privado. En un tono más directo, el empresario Víctor de Aldama, señalado como mediador clave, incluyó en sus mensajes interceptados por la Guardia Civil referencias a este contacto. En una de las comunicaciones se leía:
“Está jodido el tema (…) acaba de llamar a Begoña”
, haciendo alusión a las gestiones de Hidalgo.
Adicionalmente, se ha cuestionado el rol de Gómez al frente del IE África Center, entidad del Instituto de Empresa que recibió patrocinio de Globalia antes del rescate. También se han documentado encuentros en las oficinas centrales del grupo empresarial en fechas cercanas a la negociación de la subvención pública.
Estructura del auxilio financiero
El rescate diseñado por el Ejecutivo español se canalizó a través de la SEPI en dos bloques: un préstamo participativo de 240 millones de euros y un crédito ordinario de 235 millones. A estas sumas se añadió un financiamiento extra de 141 millones de euros avalado por el ICO. La finalidad del fondo era garantizar la supervivencia de corporaciones vitales para la estructura económica española afectadas por el COVID-19.
Dicha ayuda económica conllevaba requisitos estrictos, tales como un riguroso plan de ajuste de gastos, vigilancia financiera constante y la incursión temporal del Estado en los procesos de decisión corporativa. Desde el Gobierno se sostiene que la operación cumplió con todos los protocolos técnicos y contó con el aval de la Comisión Europea y auditores independientes.
Criterio de los tribunales y la Fiscalía
Dentro del sistema judicial, las sospechas contra Begoña Gómez no han logrado avanzar de fase. La Audiencia Provincial de Madrid bloqueó previamente una línea investigativa que intentaba indagar en estas relaciones, argumentando que se basaba en “meras sospechas sin el más mínimo indicio”, lo que detuvo momentáneamente nuevas acciones en esa línea.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha mostrado una visión distinta. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, ha señalado la existencia de señales de posibles delitos y una “intervención relevante” por parte del Ministerio de Transportes para favorecer la operación financiera, vinculando estos hechos con las actividades de la red investigada.
La defensa de Hidalgo y el Ejecutivo
En este contexto, las palabras de Javier Hidalgo resultan determinantes. El exdirectivo no solo rechazó la participación de Gómez, sino que se distanció de las acusaciones que indican que solicitó su ayuda. Estas aclaraciones llegaron en el tramo final de su interrogatorio ante el Supremo.
Además de su rotundo no, restó relevancia a otros eventos polémicos, como un encuentro en San Petersburgo donde coincidió con la esposa del presidente.
“No sé qué se cuenta de San Petersburgo”
, declaró ante los magistrados.
La versión del empresario va en línea con la defensa del Gobierno. El propio Pedro Sánchez ha enfatizado que su cónyuge
“nada tuvo que ver”
con la salvación de la aerolínea. Desde el Palacio de la Moncloa se reitera que la medida fue una decisión de interés general para proteger miles de puestos de trabajo y la conectividad del país.
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