La grave situación de los derechos humanos en México ha alcanzado un punto de inflexión internacional. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ha tomado una determinación histórica al pedir que el expediente mexicano sea analizado por la Asamblea General de la ONU. Esta medida se fundamenta en la existencia de indicios sólidos de que en el territorio se están perpetrando crímenes de lesa humanidad.
A través de la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional correspondiente, los expertos del organismo advierten que el Estado mexicano se muestra actualmente rebasado por un escenario de agresiones generalizadas y sistemáticas que afectan directamente a la población civil en múltiples zonas del país.
La gravedad de la calificación internacional
La entidad internacional ha determinado que la intensidad, los patrones recurrentes de violencia y el impacto devastador sobre los ciudadanos cumplen con los parámetros establecidos por el derecho internacional para catalogar las desapariciones forzadas bajo la figura de crímenes de lesa humanidad.
Es importante señalar que, aunque el Comité mencionó no poseer evidencias de una política explícita emanada desde el gobierno federal para ejecutar desapariciones de forma deliberada, enfatizó que no se requiere que el delito sea planificado desde las cúpulas del poder ni que se extienda a todo el país para que reciba esta gravísima clasificación.
Respecto al argumento del Estado mexicano, que atribuye la mayoría de las desapariciones a organizaciones criminales, la ONU presentó pruebas recolectadas mediante diversas vías y tras su inspección al país en el año 2021, destacando dos puntos críticos:
- Implicación estatal: Se ha documentado información que acredita la participación directa, el respaldo, la autorización o la omisión por parte de funcionarios públicos en estos delitos.
- Accionar de los cárteles: El derecho internacional estipula que los actos de grupos delictivos también pueden ser crímenes de lesa humanidad cuando se ejecutan de manera sistemática contra la sociedad civil.
Un colapso en el sistema de identificación forense
El reporte de la organización pone de manifiesto que, pese a las reformas institucionales, no se percibe una transformación real en la problemática. Las instituciones mexicanas se encuentran superadas por la dimensión de la tragedia, según lo reflejan las siguientes cifras oficiales analizadas:
- Descubrimiento de más de 4,500 fosas clandestinas en diversas regiones.
- Recuperación de más de 6,200 cuerpos y un total de 4,600 restos humanos en dichos puntos.
- Cerca de 72,000 restos humanos que permanecen en calidad de no identificados.
Adicionalmente, se alertó que el Registro Nacional oficial aún no permite distinguir con total precisión cuántos de los casos reportados corresponden estrictamente a desapariciones forzadas.
Búsqueda de asistencia y mecanismos de protección
El organismo aclaró que la decisión de trasladar el tema a la Asamblea General no tiene como fin establecer responsabilidades penales individuales, sino generar una alerta global que permita gestionar cooperación internacional urgente para México.
Mediante esta acción, la ONU busca facilitar para el país:
- Apoyo técnico y económico especializado para tareas de búsqueda y análisis en el área forense.
- Colaboración para investigar a fondo los nexos entre el crimen organizado y los servidores públicos.
- Estructuras de protección efectivas que brinden seguridad a los colectivos de familiares y activistas que arriesgan su integridad en la búsqueda de sus seres queridos.
La postura oficial del Estado Mexicano
Tras conocerse el informe, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió un pronunciamiento oficial rechazando las conclusiones del Comité. La cancillería calificó el reporte como «tendencioso» y acusó al organismo de no considerar los datos y análisis proporcionados por el Gobierno.
Desde la perspectiva del Estado, la interpretación del Comité sobre lo que constituye una desaparición forzada no concuerda con sus propios marcos legales. Asimismo, criticaron que no se valoraran adecuadamente los avances logrados entre el año 2019 y el 2025.
La SRE enfatizó su postura institucional mediante la siguiente declaración:
“México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional”.
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