La máxima autoridad del departamento del Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, informó que aproximadamente 6.000 residentes permanecieron en condiciones de aislamiento forzoso por cerca de ocho jornadas consecutivas. Esta situación fue el resultado directo de las imposiciones del grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) en dicho territorio. Córdoba denunció de manera enfática que estas acciones vulneraron los derechos fundamentales de la población civil y rechazó categóricamente los señalamientos que la organización guerrillera lanzó contra su administración departamental.
El anuncio más relevante confirma que el ELN dio por concluido el paro armado a partir de la medianoche del lunes. Con esta decisión, se ha restablecido la posibilidad de tránsito libre en diversos sectores del municipio de Bajo Baudó, ubicado en la zona occidental de Colombia. La medida de presión había paralizado la vida cotidiana de miles de ciudadanos que dependen de las vías fluviales para su subsistencia y conectividad.
Restablecimiento de la movilidad fluvial
A través de un reporte emitido por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN, se comunicó que los ríos Orpúa, Ijuá y Ocampado retomarían su actividad normal y estarían abiertos a la navegación desde los primeros minutos del martes. La estructura guerrillera expresó su gratitud a los habitantes locales por haber respetado las restricciones impuestas, asegurando que durante el tiempo que duró la medida no se registraron incidentes de gravedad en las áreas afectadas.
En el documento difundido por el ELN, el grupo armado argumentó que la restricción de la movilidad tenía como propósito minimizar riesgos ante posibles hostilidades y visibilizar lo que ellos califican como una profunda crisis humanitaria en la zona. Según su versión, el bloqueo era una medida necesaria para proteger a la población, aunque las autoridades civiles sostienen que esto solo agravó la precariedad de las comunidades ribereñas.
Acusaciones contra la fuerza pública
La organización insurgente justificó el cerco armado alegando una supuesta cooperación entre los cuerpos de seguridad del Estado y la estructura paramilitar conocida como el Clan del Golfo. Para el ELN, esta alianza es la causa primordial de la inseguridad que azota la región. En sus declaraciones, señalaron directamente al comandante de brigada, William Caicedo, a quien acusan de sostener vínculos con el Clan del Golfo. Asimismo, afirmaron que el Ejército ha entorpecido actividades de subsistencia de los civiles, tales como la caza y la pesca artesanal.
En su pronunciamiento público, el grupo armado también arremetió contra los medios de comunicación por no denunciar la supuesta presencia de mercenarios en el Chocó. De igual manera, utilizaron calificativos severos contra la gobernadora Córdoba, tildándola de “protectora” y “cómplice” de las estructuras paramilitares. Ante estas aseveraciones, la mandataria regional utilizó sus plataformas oficiales para desmentir las acusaciones y reafirmar su determinación para solventar la crisis provocada por la disputa territorial.
Respuesta institucional y contexto regional
Tras el cese de las restricciones, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba dispuso el envío inmediato de brigadas médicas hacia las zonas más golpeadas para brindar atención a quienes sufrieron las consecuencias del encierro. El departamento del Chocó ha sido escenario constante de enfrentamientos y luchas por el control de la tierra en años recientes. Este evento representa el primer paro armado del ELN en la zona durante el año 2026, evidenciando que la conflictividad se mantiene latente debido a la pugna entre grupos ilegales por el dominio de rutas estratégicas para el tráfico de sustancias ilícitas en el Alto, Medio y Bajo Baudó.
“La respuesta institucional tras el levantamiento del paro incluye medidas de atención sanitaria y un llamado a la protección de los derechos fundamentales en las comunidades más vulnerables.”
Es importante recordar que la tensión actual se suma a antecedentes violentos similares. En diciembre pasado, se decretó un cese de actividades por 72 horas como respuesta a situaciones geopolíticas internacionales, específicamente tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Aquella jornada resultó particularmente sangrienta, con un saldo de al menos cinco fallecidos y afectaciones en cerca de quince departamentos debido a bloqueos y ataques coordinados por la misma organización guerrillera.
Incertidumbre en las comunidades locales
Pese a que el paro ha sido levantado formalmente, la atmósfera de inseguridad no ha desaparecido. Los habitantes del Chocó continúan bajo un sistema de vigilancia informal impuesto por los grupos en disputa. Líderes comunitarios y autoridades locales han expresado que el riesgo persiste debido a la rivalidad encarnizada entre organizaciones ilegales, lo cual condiciona la libertad de movimiento y el desarrollo de las tareas agrícolas y comerciales que sostienen la economía regional.
Las versiones encontradas entre los actores del conflicto, las fuerzas militares y los representantes políticos demuestran la complejidad del panorama en esta región colombiana. Mientras el ELN mantiene su narrativa de denuncia sobre la presencia de mercenarios, el Gobierno nacional y departamental responsabiliza a la guerrilla por los daños colaterales contra la población civil. El enfoque ahora se centra en la reactivación de las zonas ribereñas del Bajo Baudó, donde se espera que la vida social y productiva se normalice, aunque los defensores de derechos humanos advierten sobre la extrema volatilidad del escenario actual.
Finalmente, la gobernadora Córdoba ha reiterado que su prioridad es atender las secuelas sociales y sanitarias del confinamiento, haciendo un llamado a la comunidad internacional sobre la crisis institucional que vive el territorio. La reapertura de los cauces fluviales y caminos rurales es vista como un alivio temporal, pero no garantiza la estabilidad a largo plazo en un departamento donde el control efectivo del Estado sigue siendo un desafío pendiente frente a la persistente vigilancia de los grupos armados.
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