En una sesión parlamentaria clave celebrada el martes 17 de marzo, la Asamblea Legislativa de El Salvador dio luz verde al inicio de una reforma constitucional de gran calado. Esta iniciativa busca habilitar la pena perpetua para quienes cometan delitos de homicidio, violación y actos de terrorismo. El movimiento legislativo se produce tras cuatro años bajo régimen de excepción, un periodo en el cual el gobierno asegura haber recuperado el control territorial del país.
La parlamentaria del partido oficialista Nuevas Ideas, Suecy Callejas, fue la encargada de detallar el propósito de esta modificación legal. Durante su intervención, enfatizó la soberanía del país en materia de seguridad ciudadana:
“El Salvador no acepta más los consejos ni lecciones de aquellos que no son empáticos con el sufrimiento del pueblo salvadoreño. La paz que hoy respiramos no es negociable. No es negociable con organismos internacionales ni con opositores que prefieren el caos para recuperar sus negocios. El régimen de excepción recuperó el territorio, recuperó las comunidades y se las devolvió a la gente. Pero estas reformas aseguran además que esa recuperación sea irreversible”.
El proyecto legislativo contó con el respaldo de las bancadas de Nuevas Ideas, el PCN y el PDC, logrando las firmas necesarias para iniciar su trámite formal. La propuesta avanzó mediante la figura de dispensa de trámite, lo que agilizó el debate y la aprobación en una jornada marcada por la confrontación de posturas sobre los derechos de las víctimas frente a los de los imputados.
Hacia la modificación del artículo 27 constitucional
El legislador Giovanny Zaldaña puntualizó que, actualmente, el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución prohíbe expresamente el encarcelamiento de por vida. Sin embargo, argumentó que la intención de la reforma es suprimir dicha restricción, bajo la premisa de que el marco jurídico debe priorizar la protección de los ciudadanos honrados.
En medio de las discusiones, el diputado Christian Guevara rechazó que la cadena perpetua pueda considerarse una forma de tortura. Según su postura: “La cadena perpetua no es tortura, tortura es lo de una madre que buscaba a su hijo que le desaparecieron las pandillas, todos sabemos lo que hicieron los de la Mara 18, los Locos Salvatruchos”. Por su parte, el legislador Caleb Navarro recordó la magnitud de la violencia histórica en el país, afirmando que las estructuras criminales segaron la vida de más de 120 mil salvadoreños.
Debate sobre reparación de víctimas y medidas adicionales
La jornada también estuvo marcada por la discusión sobre el enfoque del sistema judicial. Suecy Callejas sostuvo que en el pasado se priorizaron las garantías de los victimarios sobre las de las personas de bien, y que estas reformas buscan resarcir décadas de injusticia. No obstante, la diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, puso sobre la mesa la situación de las víctimas de violencia sexual.
Villatoro criticó fuertemente una publicación de Centros Penales que mostraba a un violador condenado en actividades de reinserción, lo que provocó la indignación de las familias de dos menores afectadas. “Después de ver el video que subió Centros Penales de este violador, salieron las madres y familias de dos niñas que había violado este violador. Salen las madres denunciando que ellas creen que es cierto que hay que ayudar a la reinserción, pero esta persona ya lo estaban poniendo como ejemplo de cambio”, denunció la legisladora, añadiendo que la institución borró el contenido tras las críticas.
La diputada opositora exigió penas permanentes para agresores sexuales y propuso la implementación de la castración química en el Código Penal. Asimismo, solicitó que el director de Centros Penales, Osiris Luna, brinde explicaciones sobre la exposición pública del recluso. A pesar de los argumentos, la propuesta de castración química solo obtuvo dos votos de los 60 diputados presentes. Finalmente, el oficialismo ratificó que estas medidas buscan blindar la seguridad de las futuras generaciones, desestimando los cuestionamientos de la oposición sobre casos de desaparecidos como el de Carlos Abarca.
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