La tensión comercial entre Ecuador y Colombia sigue escalando en la frontera norte mientras el diálogo político entre ambos gobiernos continúa sin concretarse.
Las protestas iniciadas por gremios colombianos en el puente internacional de Rumichaca ya cumplen varios días y reflejan el impacto que la disputa arancelaria empieza a tener en las economías locales de ambos países.
Transportistas, comerciantes, operadores logísticos y representantes de agencias de aduana mantienen concentraciones diarias en el lado colombiano de la frontera.
Las movilizaciones incluyen marchas hacia el viaducto binacional y cierres intermitentes del paso fronterizo, el único habilitado entre Ecuador y Colombia.
Los afectados aseguran que las medidas comerciales adoptadas en las últimas semanas han provocado una caída drástica del movimiento de mercancías entre ambos países.
Según los dirigentes del sector, la actividad vinculada al comercio exterior en la frontera se redujo hasta en un 90%, afectando tanto a la provincia ecuatoriana del Carchi como al departamento colombiano de Nariño.
Óscar Obando, vocero de los gremios fronterizos en Colombia, afirmó que las protestas buscan visibilizar la crisis económica que atraviesa la zona.
En la frontera el impacto económico ya es evidente.
Según los organizadores de las protestas, al menos 500 personas han participado en las marchas realizadas en Rumichaca, aunque aseguran que detrás de la movilización existe una cadena productiva mucho mayor que depende del comercio binacional.
Obando sostiene que más de 2.000 familias del lado colombiano están afectadas directamente por la reducción del intercambio comercial.
Los manifestantes también buscan sumar a sectores ecuatorianos del comercio exterior para impulsar acciones conjuntas de presión.
Sin embargo, reconoció que en Ecuador existe preocupación por posibles sanciones legales en caso de bloqueos de vías.
El origen del conflicto: la “tasa de seguridad”
La disputa comercial se originó tras la decisión del Gobierno ecuatoriano de aplicar una “tasa de seguridad” del 30% a productos colombianos, anunciada el 21 de enero de 2026 y que entró en vigencia el 1 de febrero.
Posteriormente, Ecuador endureció la medida y elevó el arancel hasta el 50% desde el 1 de marzo, lo que generó fuertes reacciones en Colombia y desató una escalada de tensiones comerciales.
El Ejecutivo ecuatoriano justificó la decisión como una herramienta vinculada a la seguridad fronteriza y al combate contra el narcotráfico.
Sin embargo, sectores empresariales, gremios de transporte y especialistas en comercio exterior advierten que el impacto se está trasladando directamente a la economía.
En las protestas, varios dirigentes han insistido en que la seguridad y el comercio no deberían mezclarse.
Radio Pichincha