La asambleísta nacional de la Revolución Ciudadana, Priscila Schettini, presentó una denuncia por presunta violencia política de género contra el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Niels Olsen, a quien acusa de obstaculizar su reincorporación al Parlamento pese a que, según sostiene, ya cumplió la sanción que pesaba sobre sus derechos políticos.
La acción fue planteada al amparo de los artículos 279 y 280 del Código de la Democracia, que tipifican la violencia política de género como cualquier acto u omisión destinado a restringir, impedir o limitar el ejercicio de funciones de una mujer electa. Schettini solicita que se declare la responsabilidad del titular del Legislativo y que se impongan las sanciones previstas en la normativa electoral.
Schettini fue electa asambleísta nacional en los comicios generales del 9 de febrero de 2025. Antes de posesionarse, el 9 de mayo de ese mismo año, el Tribunal Contencioso Electoral ratificó en segunda y definitiva instancia una sentencia en su contra por violencia política de género, tras una denuncia presentada por la entonces fiscal general Diana Salazar. La sanción original contemplaba la suspensión de sus derechos de participación política por tres años.
No obstante, en julio de 2025 la Asamblea aprobó reformas al Código de la Democracia —con votos de la RC y del oficialismo— que modificaron el régimen de sanciones. Bajo el principio de favorabilidad, la medida fue modulada y reducida a nueve meses. Según la propia legisladora, la suspensión quedó íntegramente cumplida el 10 de febrero de 2026. El Ministerio de Trabajo, añade, levantó el impedimento que constaba en su sistema para ocupar cargo público.
Con ese antecedente, el 23 de febrero solicitó formalmente a Olsen que disponga las acciones administrativas necesarias para que pueda asumir la curul que obtuvo en 2025. Alega que no existe restricción legal vigente que le impida ejercer el mandato.
El núcleo de la acusación no se centra en la sanción ya cumplida, sino en lo que Schettini califica como una negativa o dilación injustificada para permitirle ocupar su escaño. A su juicio, impedir o retrasar su reincorporación configura violencia política de género, en la medida en que limita el ejercicio de sus funciones en condiciones de igualdad.
El artículo 280 del Código de la Democracia establece que constituye violencia política de género cualquier acción u omisión que, basada en el género, restrinja el uso de atribuciones inherentes al cargo o impida la participación en instancias de decisión. Schettini sostiene que eso es precisamente lo que estaría ocurriendo al no facilitarse su ingreso al Pleno.
La bancada de la Revolución Ciudadana respaldó públicamente su posición. En un comunicado difundido el 2 de marzo de 2026, el bloque afirmó que existen “impedimentos y trabas” para su incorporación y exigió al presidente del Legislativo que garantice, sin dilaciones, el ejercicio de sus funciones.
Radio Pichincha