El presidente de la República, Gustavo Petro, enfrenta una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones del Congreso por la presunta filtración de datos sensibles pertenecientes a la historia clínica de un menor de edad. La acción legal fue interpuesta el 2 de marzo de 2026 por el abogado Manuel Vicente Villanueva Luis, quien representa a la madre de la víctima en este proceso judicial.
Según los detalles de la acusación, el mandatario habría difundido información confidencial vinculada a las condiciones médicas que rodearon la muerte del niño. El sustento del reclamo señala que dicha exposición vulneró la privacidad de Kevin Arley Acosta Pico, exponiendo datos que, por ley, deben permanecer bajo estricta reserva.
Antecedentes del caso y situación médica
El lamentable deceso del menor ocurrió el pasado 13 de febrero y está relacionado con complicaciones derivadas de la falta de un fármaco específico. Se trata del emicizumab, un medicamento determinante para el tratamiento de pacientes con hemofilia A. En el centro de esta controversia también se encuentra la entidad Nueva EPS, vinculada a la atención de salud que recibía el infante.
En el documento presentado ante la instancia legislativa, el jurista Villanueva, actuando como apoderado de la señora Yudi Caterine Pico Naranjo —madre de Kevin Arley Acosta Pico—, enfatizó que la publicación realizada por Gustavo Petro hizo públicas “circunstancias médicas particulares” del menor. La defensa recalca que esta información cuenta con protección legal y no debió ser utilizada ni difundida en canales públicos.
Implicaciones legales de la denuncia
La querella se fundamenta jurídicamente en el artículo 194 de la Ley 599 de 2000, normativa que sanciona la divulgación y el empleo de documentos sujetos a reserva en territorio nacional. De acuerdo con el texto de la denuncia, se busca determinar si el jefe de Estado incurrió en conductas que atentan contra la intimidad y la interceptación de comunicaciones en el ejercicio de sus funciones. Los cargos mencionados incluyen:
- Violación a la reserva legal de datos médicos.
- Vulneración a la intimidad personal del menor fallecido.
- Posible interceptación de comunicaciones privadas.
Hasta el momento, la defensa de la familia espera que el proceso avance en la Comisión de Acusaciones para establecer las responsabilidades pertinentes frente a este presunto manejo indebido de información reservada.
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