En una contundente decisión que marca un nuevo rumbo en la política tecnológica de su administración, el presidente Donald Trump ha instruido a todas las dependencias del Gobierno federal de los Estados Unidos para que interrumpan de forma definitiva el uso del modelo de inteligencia artificial Claude, desarrollado por la firma Anthropic. La medida surge tras profundas discrepancias sobre las normativas de uso que la empresa pretendía imponer a las instituciones gubernamentales.
«Los locos de la izquierda en Anthropic han cometido un error desastroso al tratar de forzar al Departamento de Guerra y obligarlo a obedecer sus términos de servicio en lugar de nuestra Constitución. Su egoísmo pone en riesgo vidas estadounidenses, a nuestras tropas y también nuestra Seguridad Nacional»
El mandatario utilizó sus plataformas digitales para anunciar esta directriz, enfatizando que la ruptura de vínculos responde a la negativa de la tecnológica para adaptar su software a los requerimientos oficiales de seguridad. Trump advirtió con firmeza que el incumplimiento de este mandato acarreará severas sanciones de carácter civil o penal para los responsables dentro de las agencias federales.
Un plazo de seis meses para la desconexión total
La orden presidencial establece un cronograma estricto de seis meses para que organismos críticos, como el Departamento de Guerra, eliminen por completo estas herramientas de sus procesos operativos. Durante este periodo de transición, no se contemplarán prórrogas ni excepciones de ningún tipo para el uso de la tecnología de Anthropic.
Respecto a la futura relación con la empresa, el jefe de Estado fue tajante al señalar la postura de su administración:
“No los necesitamos, no los queremos, y no haremos negocios con ellos de nuevo”
. Asimismo, se dejó claro que el Gobierno agotará todas las instancias legales necesarias para asegurar que la disposición se cumpla rigurosamente y sin dilaciones.
Ética frente a exigencias gubernamentales
El núcleo del conflicto reside en la postura de Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, quien se opuso a retirar salvaguardas que limitan el empleo de su IA en tareas de vigilancia doméstica masiva y en la creación de armamento autónomo. La compañía argumentó que ceder a estas peticiones vulneraría derechos fundamentales y pondría en peligro la integridad humana.
A través de un comunicado oficial, Amodei manifestó la posición ética de su organización:
“Apoyamos el uso de la IA para misiones de Inteligencia extranjera y contrainteligencia, pero utilizar estos sistemas para vigilancia doméstica masiva es incompatible con los valores democráticos”
. El directivo subrayó que el acceso a dichas funciones representaría un “riesgo grave” para las libertades civiles protegidas por la ley.
- Compromiso democrático: La junta directiva de Anthropic ratificó que prefiere prescindir de contratos con el Pentágono antes que comprometer sus principios.
- Seguridad de combatientes: La empresa aseguró que no proveerá productos que arriesguen a civiles o militares estadounidenses.
- Propuestas rechazadas: Según la firma, se ofreció trabajar en investigación de sistemas más seguros, pero el Gobierno desestimó la oferta.
La respuesta del Departamento de Guerra
Por su parte, el Departamento de Guerra ha sostenido que su intención es contratar únicamente a proveedores que eliminen restricciones y permitan el empleo de la tecnología para “cualquier uso legal”. Esta exigencia de acceso irrestricto es lo que finalmente dinamitó el acuerdo entre las partes.
Sean Parnell, portavoz oficial del Pentágono, intervino en la controversia mediante redes sociales para aclarar que la institución no tiene planes de implementar vigilancia masiva interna ni armas autónomas. No obstante, defendió la necesidad de una flexibilidad total y el levantamiento de trabas técnicas para garantizar que el Ejecutivo pueda operar dentro del marco de la legalidad vigente sin limitaciones impuestas por empresas privadas.
Consecuencias para el sector tecnológico
La implementación de esta orden ejecutiva tendrá un impacto directo tanto en la contratación de nuevos servicios como en los acuerdos de colaboración ya establecidos entre Anthropic y el sector público. El mandato de Trump de utilizar “todo su poder” para forzar esta desconexión sienta un precedente sobre cómo la Casa Blanca pretende controlar a los proveedores tecnológicos bajo criterios de seguridad nacional.
Este enfrentamiento pone de relieve un debate global sobre los límites de la Inteligencia Artificial y el equilibrio entre las necesidades de defensa de una nación y la preservación de los valores éticos en el desarrollo de software avanzado. La administración de Estados Unidos reafirma así su determinación de condicionar la relación con la industria tecnológica a la total subordinación a sus políticas de Estado.
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