En un movimiento determinante para la reestructuración institucional de Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab y el defensor del pueblo Alfredo Ruiz oficializaron sus renuncias este miércoles. La decisión fue comunicada ante la Asamblea Nacional, marcando el cierre de un periodo de casi diez años en el que ambos funcionarios fueron pilares del esquema judicial vinculado al régimen de Nicolás Maduro.
La secretaria del Parlamento, María Alejandra Hernández, fue la encargada de informar que las misivas de dimisión fueron remitidas directamente a Jorge Rodríguez, presidente del órgano legislativo. Tras conocerse la salida de Saab de la Fiscalía, el pleno legislativo procedió a designarlo como Defensor del Pueblo encargado.
Por otro lado, la titularidad temporal del Ministerio Público recaerá en el abogado Larry Devoe. Devoe se desempeña actualmente como asesor jurídico del Ministerio del Despacho de la Presidencia y es reconocido por ser un estrecho colaborador de Delcy Rodríguez.
Trayectoria y controversias de Tarek William Saab
Con 63 años de edad, Tarek William Saab asumió el cargo de fiscal general en agosto de 2017, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente destituyera a Luisa Ortega Díaz. Durante su gestión, Saab se consolidó como una figura central del aparato judicial, liderando procesos contra sectores de la oposición y validando detenciones masivas en periodos de protestas ciudadanas.

A lo largo de su mandato, el ahora exfiscal desestimó de manera constante los reportes de organismos internacionales de derechos humanos que denunciaban la existencia de presos políticos en el país. Sobre este tema, Saab mantuvo una postura firme en sus declaraciones recientes:
“Yo los llamo prisioneros, no les doy ninguna otra etiqueta. Son detenidos por acciones que en su momento fueron documentadas”
Saab también fungió como portavoz de las medidas de gracia otorgadas en enero, precisando que se gestionaron más de 400 medidas de liberación desde finales de diciembre, bajo el argumento de buscar la “pacificación total del país”. En sus balances de gestión presentados en enero de 2026, destacó que el Ministerio Público brindó atención a más de 4,5 millones de ciudadanos desde 2017, y que los programas de justicia comunitaria impactaron a más de 1,2 millones de personas.
Cambios en la Defensoría del Pueblo
Simultáneamente, Alfredo Ruiz puso fin a su labor como defensor del pueblo, según el texto leído en la sesión parlamentaria.

Ruiz, quien ocupaba el puesto desde 2017, enfrentó duras críticas por parte de organizaciones civiles y entidades multilaterales debido a su constante respaldo a las políticas oficiales y la cuestionada independencia de la institución a su cargo.
La permanencia de ambos funcionarios fue motivo de fuertes reproches por parte de la oposición y la comunidad internacional. Diversos informes señalaron a la Fiscalía y a la Defensoría por su papel en la persecución de líderes opositores, la represión de manifestaciones y la falta de garantías procesales en el contexto de la crisis política venezolana.
Pese a que en octubre de 2024 la Asamblea Nacional había ratificado a Saab para un nuevo período que se extendería hasta 2031, la coyuntura política tras la captura de Maduro y el inicio de la administración tutelada por Delcy Rodríguez aceleró la salida de ambos operadores de justicia.
Saab no solo limitó su actividad a lo jurídico, sino que intervino activamente en debates de política exterior. En 2025, por ejemplo, protagonizó choques públicos con el presidente de Chile, Gabriel Boric, en medio de tensiones diplomáticas bilaterales.

El paso de Saab y Ruiz por estas instituciones queda marcado por el control oficialista sobre la administración de justicia y las sanciones individuales impuestas por Estados Unidos y otros gobiernos internacionales en respuesta a su rol en la represión política. La Asamblea Nacional deberá ahora iniciar el proceso para designar a los nuevos titulares permanentes, mientras se mantienen las autoridades interinas en un escenario de alta incertidumbre sobre el futuro de los derechos fundamentales en la nación.
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