Tras recuperar su libertad junto a su equipo de seguridad en el departamento del Cauca, al sur de Colombia, la senadora Aida Quilcué ofreció un crudo testimonio sobre su retención. La Fiscalía General de la Nación ha direccionado sus investigaciones principales hacia la estructura armada autodenominada Columna Dagoberto Ramos, una de las disidencias de las FARC que opera en la zona. Actualmente, las autoridades recolectan testimonios y evidencias para confirmar la autoría material de este grupo en el suceso.
“Nos hicieron bajar del vehículo y nos llevaron a un lugar desconocido. Nos dijeron que los acompañáramos, que guardáramos silencio, que de lo contrario tendríamos que asumir las consecuencias y que había que esperar que recibieran órdenes”
El incidente ocurrió cuando la legisladora se desplazaba desde La Plata, en el Huila, con destino a la ciudad de Popayán. Según los informes del caso, sujetos armados interceptaron el vehículo oficial en el trayecto. Aida Quilcué, quien forma parte del Pacto Histórico y representa al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), presentó la denuncia correspondiente de forma inmediata. Asimismo, los agentes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que velan por su integridad también formalizaron sus declaraciones ante la justicia por la privación ilegal de la libertad.
Investigación bajo la gestión de Luz Adriana Camargo
La actual Fiscal General, Luz Adriana Camargo, ha ordenado que las pesquisas se enfoquen en identificar plenamente a los integrantes de la Columna Dagoberto Ramos implicados en este acto. Este grupo armado es conocido por su fuerte presencia en el sur colombiano y su vinculación con diversas actividades ilícitas. El ente judicial busca determinar no solo la responsabilidad directa, sino también las motivaciones políticas o delictivas que motivaron el secuestro de la funcionaria pública y sus acompañantes.
La trayectoria de Aida Quilcué está marcada por una defensa férrea de los derechos de los pueblos originarios, labor que le valió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en el año 2021. Además de su rol legislativo, ha servido como consejera de Paz y Derechos Humanos en la delegación nacional ante la UNESCO. No obstante, su activismo le ha acarreado graves riesgos; la senadora ha denunciado haber sido objeto de más de 100 amenazas de muerte a lo largo de su carrera pública, lo que subraya la vulnerabilidad de los líderes sociales en territorio colombiano.
El entorno personal de la senadora también ha sido golpeado por la violencia estructural del país. Su esposo, Edwin Legarda, falleció en diciembre de 2008 tras un ataque perpetrado por efectivos militares mientras viajaba hacia Popayán, en el Cauca. Aquel suceso generó un fuerte rechazo de comunidades indígenas y de organismos internacionales de vigilancia como Amnistía Internacional.
Contexto de riesgo para líderes sociales
Luego de este nuevo episodio, la senadora Quilcué alertó a la opinión pública sobre lo que califica como un “exterminio físico y cultural” contra las comunidades indígenas. La situación de seguridad es crítica en diversas regiones, como lo demuestran hechos recientes:
- La escalada de violencia en el departamento del Cauca contra representantes de pueblos originarios.
- El reciente ataque en el departamento de Arauca, donde la guerrilla del ELN admitió haber asesinado a dos escoltas del senador Jairo Castellanos.
- La imposición de normativas y directrices por parte de grupos armados para el tránsito de esquemas de seguridad en zonas de conflicto.
Finalmente, diversas organizaciones no gubernamentales han manifestado su profunda preocupación por la integridad de los líderes sociales y políticos en Colombia. Mientras la Fiscalía intensifica las acciones para esclarecer el caso de la senadora Aida Quilcué, el debate público se centra en la exigencia de garantías reales de protección y en la necesidad de desarticular las estructuras criminales que mantienen bajo amenaza a las poblaciones del sur del país.
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