La decisión del Consejo de la Judicatura (CJ) de separar a Alexandra Villacís, vocal suplente de Mario Godoy, y designar la madrugada del 10 de febrero a Damián Larco como presidente temporal del organismo, activó las alertas en la Asamblea.
Como una situación «denigrante para el país» calificó la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Liliana Durán, el hecho de que cinco meses después de que Villacís fuera posesionada, el Ministerio de Trabajo recién emita una certificación advirtiendo el supuesto impedimento para ejercer cargo público.
En este tiempo, Villacís ya ha actuado en algunas ocasiones como presidenta del Consejo de la Judicatura en reemplazo de Mario Godoy que en la actualidad enfrenta un juicio político en la Asamblea.
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Durán apuntó contra el ministro de Trabajo, Harold Burbano, quien, «por segunda ocasión, manipula el sistema de certificados del Ministerio de Trabajo. No olvidemos cuando le quitaron el impedimento al señor Álvaro Rosero para que sea ministro de Gobierno».
Para el correísmo, esa debería ser suficiente causal para iniciar un proceso de fiscalización y, de ser necesario, impulsar un juicio político en contra de Burbano.
«Si lo permite el gobierno, hay que fiscalizar»
El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, calificó como preocupantes las decisiones que «entre gallos y media noche», adoptó el Pleno del CJ y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
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«Es grave que el director de la Judicatura, antes de que se reúna el pleno, envía un oficio al Consejo de Participación para que nombre una nueva terna y el CPCCS se convoca hoy para nombrar esa nueva terna. Pero resulta que el CJ se reúne recién en la madrugada para encargar al representante del Ejecutivo la presidencia del Consejo de la Judicatura. Ahí hay mucha tela que cortar», dijo Serrano.
«Nos tienen que dar mucha información sobre lo que está pasando. Ahí sí la Asamblea, ojalá lo permitiese el Gobierno, debe entrar en un proceso de fiscalización»
Alfredo Serrano, asambleísta del PSC
«No hay nada oscuro en el procedimiento»
Esta serie de eventos se produjeron desde el 9 de febrero, cuando se conoció que Mario Godoy pidió una licencia que, según el funcionario, estaba planificada con el objetivo de que la Comisión de Fiscalización pueda tomar una decisión en torno al juicio político en su contra, sin presiones.
Sobre el impedimento sobre Villacís, aseguró desconocer si salió el 9 de febrero o antes, porque no conoce el manejo de ese tema en el Ministerio de Trabajo.
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En lo que compete al CJ, dijo que no fue parte de la sesión en la que se separó a la vocal, pero defendió el procedimiento: «Es normal. Las áreas técnicas tienen que levantar un informe que lleva un tiempo, y la convocatoria debe hacerse dentro de un tiempo específico», dijo.
Sobre la designación de Fabián Larco, según Mario Godoy se actuó aplicando la normativa y aseguró que no hay «nada oscuro» alrededor de ambos procedimientos.
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