Un incidente se registró la tarde de este jueves, 5 de febrero de 2026, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en el centro-norte de Quito, entre integrantes del colectivo Quito sin Minería y elementos de la Policía Nacional.
Los activistas a favor de la protección del medio ambiente se concentraron pasadas las 17:30, en los exteriores del palacio legislativo para realizar un plantón en contra del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.
Sin embargo, los asistentes no pudieron avanzar a la calle Piedrahita, pues el paso peatonal estaba resguardado con vallas y personal policial. Entonces, se registraron los primeros forcejeos, ya que los manifestantes buscaban retirar las valles, argumentando que es un espacio público; la fuerza pública lo impidió.
“¡Déjennos pasar!“, gritaron los asistentes.
Según Quito sin Minería, con este proyecto de ley pretendería eliminar la licencia ambiental dejando a las comunidades sin protección frente a daños irreversibles como la contaminación del agua, la degradación de los suelos y la extinción de especies amenazadas únicas.
Al ser impedidos de avanzar, los asistentes acudieron a la avenida Gran Colombia, donde expresaron sus consignas en contra de la propuesta que fue enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente a la Asamblea Nacional y que se tramita en la Comisión de Desarrollo Económico.
Luego de unos minutos en el lugar, un contingente de la Policía Nacional avanzó para pedirles que se retiren, lo cual ocasionó nuevos forcejeos. Los ciudadanos dijeron que los gendarmes arrojaron gas pimienta.
La iniciativa para el fortalecimiento de los sectores minero y energético busca “fortalecer el desempeño operativo de estos sectores mediante una regulación eficiente que permita la generación de ingresos fiscales y divisas y contribuya a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica del Estado”.
Entre otras cosas, el proyecto de ley propone sustituir el artículo 26 de la Ley de Minería con el fin de que se establezca que para ejecutar las actividades mineras se requieran, de manera obligatoria, actos administrativos, motivados y favorables, otorgados previamente por instituciones rectoras de Ambiente, Minería y Agua. (I)