La Corte Suprema de Justicia ha ratificado de manera definitiva la sentencia condenatoria impuesta contra Alain Salas, quien se desempeñaba como juez especializado en la localidad de Acobamba. El magistrado fue hallado responsable del delito de prevaricato, luego de determinarse que otorgó beneficios de forma ilegal a Vladimir Cerrón, exgobernador y actual líder de la organización política Perú Libre, en el marco de un proceso judicial por negociación incompatible.
La resolución judicial, que establece una pena de tres años de libertad suspendida, fue gestionada por la Primera Fiscalía Superior Penal de Huancavelica. Además de la sanción penal, el Ministerio Público consiguió que el monto establecido por concepto de reparación civil en beneficio del Estado peruano fuera incrementado de S/ 3.000 a un total de S/ 5.000.
El origen de esta sanción radica en que el juez Salas aceptó y dio trámite a una demanda de hábeas corpus presentada por la defensa del exgobernador. Con dicha acción, el magistrado procedió a anular una condena que todavía no ostentaba la calidad de firme, lo cual contraviene directamente lo establecido en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional (Ley 28237). Esta normativa indica expresamente que el hábeas corpus no es aplicable contra fallos judiciales que carezcan de carácter definitivo o firme.
Es importante destacar que el proceso legal en contra de Cerrón aún mantenía un recurso de casación pendiente, interpuesto originalmente por el Ministerio Público. Esta situación legal hacía improcedente cualquier tipo de intervención externa sobre la sentencia condenatoria vigente en ese momento. Sin embargo, se determinó que el juez Salas dictó su resolución omitiendo la vigencia de dichas etapas procesales y sin presentar un sustento jurídico razonable que justificara su alejamiento de las normas constitucionales.
Durante el desarrollo del juicio, las autoridades fiscales pudieron acreditar que el sentenciado decidió deliberadamente no verificar el estado real de la causa penal bajo análisis. Asimismo, se demostró que su fallo carecía de una argumentación jurídica válida, configurando así el delito de prevaricato de derecho. Este tipo penal castiga a los funcionarios judiciales que emiten disposiciones que contradicen abiertamente la ley, vulnerando el orden constitucional y la correcta administración de justicia.
Al elevar la reparación civil a S/ 5.000, la Corte Suprema subrayó la seriedad de las faltas cometidas y el daño generado al sistema estatal por la conducta del magistrado. Con esta decisión, se busca dejar un precedente claro sobre la responsabilidad tanto penal como civil que deben asumir los jueces ante resoluciones que atenten contra los intereses nacionales.
Situación legal de Vladimir Cerrón
En la actualidad, Vladimir Cerrón se encuentra en calidad de prófugo de la justicia. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva por veinticuatro meses, dictada mientras permanece en la clandestinidad. Cabe recordar que Cerrón recibió una condena efectiva relacionada con el caso del Aeródromo Wanka, aunque dicha sentencia fue revocada posteriormente, permitiendo que sigan otras investigaciones en curso.
Dentro de los procesos actuales, el Ministerio Público lo señala como el presunto cabecilla de una organización criminal enquistada en el partido Perú Libre. Esta red habría tenido como objetivo la recaudación de fondos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales. La figura de Cerrón continúa siendo un punto crítico en el panorama judicial y político peruano, dada su relevancia como dirigente de una agrupación con representación parlamentaria.
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