La justicia europea ha dado un paso significativo en la persecución de delitos internacionales. En una decisión reciente, la Sala Penal del Tribunal de Apelación de París ha solicitado formalmente la detención de las activistas franco-israelíes Nili Kupfer-Naouri y Rachel Touitou. Ambas mujeres enfrentan acusaciones graves por presunta complicidad en genocidio e incitación al mismo, derivado de sus acciones para obstruir el ingreso de suministros básicos a la población civil en la Franja de Gaza.
El proceso legal que derivó en esta orden de captura se formalizó en junio de 2025, tras una serie de denuncias interpuestas con más de un año de antelación. Las investigaciones se centran en las actividades realizadas por las acusadas a partir de 2024, periodo en el que se registraron bloqueos sistemáticos a los convoyes de asistencia internacional.
Las organizaciones implicadas en los bloqueos
Las imputadas lideran o representan colectivos que han tenido un rol activo en la interrupción de la cadena de suministros. Rachel Touitou se desempeña como portavoz de la organización Tsav 9, grupo que ha admitido públicamente su responsabilidad en el bloqueo recurrente de camiones cargados con ayuda humanitaria. Por su parte, Nili Kupfer-Naouri encabeza la entidad Israel Is Forever, la cual ha sido señalada por reclutar voluntarios para participar en estas movilizaciones obstructivas.
Durante una intervención televisiva, Kupfer-Naouri justificó estas acciones con declaraciones que hoy forman parte del expediente judicial:
«Es absolutamente inmoral siquiera considerar, ni por un segundo, abastecer a la población civil, que es todo menos inocente».
Un frente amplio de denunciantes
El origen de esta causa penal se remonta a noviembre de 2024, cuando la Unión Judía Francesa por la Paz y un ciudadano de origen franco-palestino, respaldado por la asociación NIDAL, presentaron la primera querella. Posteriormente, la causa ganó peso con la adhesión de organismos internacionales de gran trayectoria, tales como:
- La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
- La organización Al Haq.
- El Centro Al Mezan de Derechos Humanos.
- El Centro Palestino de Derechos Humanos.
Para estos colectivos, la resolución del tribunal parisino constituye un «paso legal crucial», destacando que es extremadamente inusual que la justicia ordinaria aplique medidas cautelares de este calibre en casos de crímenes de lesa humanidad perpetrados en el extranjero.
Reacciones de las activistas procesadas
Ante la notificación judicial, Nili Kupfer-Naouri confirmó haber recibido la citación, aunque sostuvo que se trataba de una orden de comparecencia y no de detención. No obstante, la activista fue tajante al declarar que no tiene intenciones de someterse al proceso en suelo francés:
«Ya no podré pisar Francia porque no tengo intención de ir a prisiones francesas, ni bajo custodia policial ni de ninguna otra manera».
Asimismo, Kupfer-Naouri calificó la actuación de los magistrados como un «frenesí antisemita». En contraste, Rachel Touitou cuestionó la celeridad del sistema legal, argumentando que los jueces parecen actuar con mayor rapidez ante las causas relacionadas con Gaza que frente a las denuncias por supuesta apología del terrorismo que involucran a políticos de la extrema izquierda en el país europeo.
Precedente en la justicia internacional
El expediente judicial continúa su curso enfocándose en las responsabilidades individuales de quienes interrumpen la asistencia humanitaria en contextos bélicos. Las pruebas acumuladas incluyen testimonios de las asociaciones de derechos humanos, así como las declaraciones públicas de Touitou y Kupfer-Naouri en diversos medios y plataformas.
Este fallo ha sido recibido con optimismo por agrupaciones defensoras de los derechos fundamentales, quienes ven en la decisión del Tribunal de Apelación de París una señal clara contra la impunidad. El caso podría sentar un precedente jurídico sobre cómo deben ser juzgados los particulares que, a través de organizaciones civiles, intervienen directamente en operaciones que vulneran el derecho internacional humanitario y la asistencia a civiles en crisis extremas.
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