El sistema judicial argentino se prepara para un momento decisivo. El próximo martes 3 de febrero, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) dará continuidad a las audiencias del caso conocido como “Cuadernos”, considerado el entramado de corrupción más intrincado en la historia contemporánea de la nación. Tras haber finalizado en diciembre la extensa fase de lectura de las acusaciones —un procedimiento que superó las 20 horas netas de duración—, el juicio entra ahora en el período de “cuestiones preliminares”.
Esta nueva etapa técnica poseerá una fuerte carga política. Según las disposiciones del tribunal, cada exposición tendrá un tiempo límite de 45 minutos. Se espera que las 28 defensas técnicas presenten diversos planteamientos de nulidad, lo que extendería estas jornadas durante todo el mes de febrero, considerando el intervalo del feriado de carnaval. Por su parte, la respuesta de la fiscalía está programada para una sesión especial en el mes de marzo. Este debate, que tuvo su inicio formal el 6 de noviembre, se encamina hacia su fase de mayor litigio previo a las declaraciones indagatorias.
Radiografía de los procesados
Con el transcurrir del tiempo, el volumen de imputados ha experimentado variaciones. Aunque en las etapas iniciales de la instrucción la causa llegó a contabilizar 126 procesados, la lista se redujo para la instancia del debate oral.
Originalmente, 91 personas fueron elevadas a juicio, pero debido a fallecimientos, complicaciones de salud e incidencias en el proceso, la nómina definitiva quedó integrada por 86 acusados. El grupo está conformado por:
- 19 exfuncionarios públicos, entre los que destacan la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, el exministro Julio De Vido (actualmente en el penal de Ezeiza) y José López, exsecretario de Obras Públicas.
- 65 empresarios vinculados a los sectores de transporte, energía y obra pública.
- 2 choferes, incluyendo a Oscar Centeno, cuyas anotaciones personales fueron el detonante de la investigación.
La cifra actual se consolidó tras el deceso de cuatro imputados antes de iniciar el debate (entre ellos Juan Chediack, quien presidió la Cámara de la Construcción). Asimismo, en noviembre se apartó al empresario Enrique Pescarmona, de 84 años, quien fue eximido del juicio luego de que el Cuerpo Médico Forense detectara un deterioro cognitivo de carácter irreversible.
Las líneas de ataque de las defensas
En este periodo, los abogados defensores no se enfocarán en los hechos delictivos per se, sino en intentar invalidar el proceso mediante tres estrategias principales:
- La teoría de la “contra causa”: Se busca utilizar el procesamiento del exoficial Jorge Bacigalupo, vinculado a presuntas alteraciones en los manuscritos de Centeno. No obstante, la Gendarmería Nacional confirmó en agosto pasado que los cuadernos son auténticos en términos globales. La fiscalía sostiene que existen pruebas externas sólidas, como registros bancarios, contratos de obras públicas y las propias confesiones de los implicados que validan la acusación.
- El principio de ne bis in idem: La defensa de Cristina Kirchner insistirá en que no puede ser juzgada nuevamente por hechos similares a los de la Causa Vialidad, donde ya recibió una condena previa.
- Cuestionamiento a la Ley del Arrepentido: La fiscal Fabiana León defenderá la validez de los testimonios de los 31 arrepentidos (entre empresarios y funcionarios), apoyándose en el fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de dicha normativa.
Unificación de expedientes y pruebas
El juicio ante el TOF 7 no se limita a un solo expediente, sino que agrupa diversas investigaciones que demuestran una estructura sistémica de recaudación. Dentro de esta “megacausa” se incluyen:
- “La Camarita”: Enfocada en la cartelización de obras viales, con el financista Ernesto Clarens como figura central.
- Área de Transporte: Investigaciones sobre dádivas en subsidios ferroviarios y concesiones de rutas, donde aparecen señalados los exsecretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
El camino hacia las indagatorias
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli deben gestionar un volumen probatorio colosal: 899 testigos, 13 informes periciales y más de 130 medidas suplementarias de instrucción.
Una vez resueltas las nulidades, comenzarán las indagatorias. En esta fase se verán posturas divididas: algunos acusados optarán por el silencio alegando irregularidades (como se prevé en el caso de CFK), otros declararán manteniendo sus quejas (como De Vido) y los arrepentidos (como López y Uberti) buscarán ratificar sus confesiones previas.
Finalmente, existe una disputa sobre la modalidad del juicio. La fiscalía exige que las declaraciones sean presenciales, con excepciones puntuales para quienes posean prisión domiciliaria o estén en centros penitenciarios. La Casación ya puso a disposición la Sala AMIA en Comodoro Py para este proceso que, según expresiones de la defensa, se ha vuelto una carrera contra el tiempo y la propia biología de los implicados.
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