El Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento de la solicitud de juicio político en contra de cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que presentó el asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Luis Fernando Molina.
El legislador del correísmo impulsa este pedido de juicio político en contra de los consejeros Andrés Fantoni (presidente), Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán por el presunto incumplimiento de funciones.
El CAL sesionó este viernes, 16 de enero de 2026, y avocó conocimiento del trámite; sin embargo, tras la aprobación de una moción presentada por el asambleísta de la bancada de ADN, Steven Ordóñez, la mesa decidió remitir el expediente a la Unidad de Técnica Legislativa (UTL).
El órgano deberá elaborar un informe técnico-jurídico no vinculante que verifique el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud. Para esto, la UT tiene un plazo de tres días, según lo establece el artículo 80 de la Ley de la Función Legislativa.
Posteriormente, el CAL deberá volver a reunirse, en este caso, la próxima semana, para conocer el informe y decidir si da paso, o no, a este pedido de juicio político. De admitirse a trámite, el proceso continuará en la Comisión de Fiscalización.
Este es el segundo intento de Luis Fernando Molina de llevar a juicio político a los cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues el pasado 12 de enero el CAL inadmitió a trámite una primera solicitud por existir inconsistencias en 16 de las 42 firmas de respaldo presentadas. Ese mismo día, el legislador de la RC por Pichincha volvió a ingresar el pedido de juicio con 46 firmas.
Molina fundamenta la solicitud de juicio político por presuntas acciones y omisiones que habrían cometido los cinco consejeros, en el marco del proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, las cuales habrían “vulnerado principios constitucionales, el principio de legalidad, probidad, mérito, transparencia y seguridad jurídica, además de la “inobservancia de disposiciones constitucionales y legales, comprometiendo gravemente la institucionalidad del país y el interés público.
Fuente: El Universo