GRANASA denuncia acciones administrativas contra su gestión y reafirma su compromiso con la transparencia

El Gobierno del presidente Daniel Noboa usa todos sus esfuerzos y caminos opacos para
intentar doblegar a Gráficos Nacionales S.A., GRANASA, editora de los diarios EXPRESO y
EXTRA, con el único propósito de someter a una de las pocas voces críticas a su gestión
que existen en Ecuador. Lo hace utilizando instituciones públicas que deberían estar al
servicio de los ciudadanos y no de los oscuros intereses del poder de turno.
En septiembre del 2025, GRANASA se entera, por publicaciones de terceros, del inicio de
una investigación tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI) por diferencias presuntivas
en la declaración del impuesto a la renta del ejercicio del 2023 de varios de sus
revendedores mayoristas. Como parte interesada, solicitó inmediatamente al SRI la entrega
de los documentos. Hasta la fecha, no son entregados. No obstante, tres informes llegaron
a GRANASA y tras una revisión se encontraron notables inconsistencias, siendo la principal
una fórmula matemática amañada que en lugar de restar el valor que el mayorista (que NO
es empleado de GRANASA) debía cancelar a la empresa por concepto de la compra de
productos, lo suma a la utilidad. Esto provoca una distorsión del resultado y genera un
cálculo artificial inflado.
En ese mismo mes, el secretario de Integridad Pública y director de la Unidad de Análisis
Financiero y Económico, José Julio Neira, aparece en redes sociales a, prácticamente,
juzgar y sentenciar a GRANASA, lo que configura la clarísima intención del poder político de
someter la línea editorial de EXPRESO y EXTRA. Por esas declaraciones, la empresa
demandó por daños morales al funcionario público a finales de octubre del 2025. Hasta la
fecha, espera que la demanda sea calificada, lo que provoca serias sospechas sobre el
sometimiento de la Función Judicial al poder Ejecutivo.
GRANASA ha respondido y está respondiendo a todos los pedidos de información y
reuniones del SRI, incluso a los poco usuales como la apertura en paralelo de dos procesos
de determinación de dos años fiscales seguidos. También, al llamado de la Fiscalía General
del Estado que inició por este caso una investigación previa por un inexistente delito de
lavado de activos.
Al no encontrar absolutamente nada incriminatorio, el Gobierno del presidente Daniel Noboa
utiliza ahora a la Superintendencia de Compañías para intentar adueñarse del 40 % de las
acciones de GRANASA. ¿Cómo? Seis años después de la transferencia de este paquete de
acciones de la empresa Veranera a favor de Ingrid Martínez Leisker, la Superintendencia
pretende que ese 40 % regrese a dicha empresa, en proceso de liquidación, alegando que
no ha encontrado la «trazabilidad» de dicha transferencia. Muy convenientemente, la
Superintendencia ya nombró un liquidador para que administre este paquete accionario.
El 31 de diciembre del 2025, el mismo día que GRANASA hace público este nuevo intento
de sometimiento, la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención de
la Superintendencia de Compañías nombra una delegada que se presentó, ese mismo día a
las 12:13 PM, en las instalaciones de GRANASA en Guayaquil para revisar los libros de
acciones y accionistas y talonario de acciones de la empresa. El pedido no pudo ser
solventado dado que el único custodio de dicha información es el representante legal, quien
en ese momento no estaba en las instalaciones.
Alertamos a la comunidad internacional y a gremios de medios de comunicación de este
intento del poder Ejecutivo de doblegar una voz crítica. Los instamos a que estén atentos y
observen con detenimiento el deterioro de la libertad de expresión en Ecuador. Los diarios
EXPRESO y EXTRA, sus directivos y periodistas, tienen claro su rol dentro de la sociedad
ecuatoriana y seguirán, pese a la persecución política, ejerciendo su papel de cuestionar al
poder bajo el derecho de la libertad de expresión y de prensa y, sobre todo, con
transparencia y la verdad.