La justicia ha dictado una nueva sentencia contra el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, sumando un capítulo más a los extensos procesos judiciales por actos de corrupción en las administraciones locales. El fallo judicial se fundamenta específicamente en la adquisición irregular de un helicóptero utilizando recursos del erario municipal, una maniobra que ha establecido responsabilidades penales directas tanto para exautoridades como para diversos funcionarios que formaron parte de dicha gestión.
Este caso pone bajo la lupa las determinaciones tomadas en el seno de la municipalidad durante el periodo comprendido entre 2007 y 2014. La investigación llevada a cabo por las autoridades fiscales reveló serias anomalías en los procesos de contratación pública destinados, supuestamente, a fortalecer la seguridad ciudadana. El Ministerio Público detectó vicios legales tanto en el proceso de compra del equipo como en la posterior ejecución del contrato firmado con la compañía proveedora.
Las acciones de la fiscalía se centraron en individualizar las culpas penales de una operación que, de acuerdo con la acusación formal, causó un perjuicio económico considerable al Estado. La resolución judicial incorpora todos los elementos probatorios recolectados a lo largo de la etapa investigativa, imponiendo penas de privación de libertad efectivas para los responsables.
Sentencia por colusión agravada en compra de aeronave
A través de su Sexto Despacho, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima logró que se imponga una condena de nueve años de prisión efectiva contra Carlos Burgos. El exburgomaestre, quien lideró el distrito de San Juan de Lurigancho entre 2007 y 2014, fue hallado culpable del delito de colusión agravada.
Esta misma sanción privativa de libertad ha sido extendida a ocho exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. La lista de condenados incluye a los siguientes nombres y cargos:
- César Muñoz (exsubgerente de Abastecimiento).
- Javier Pérez y Abdón Powosino (exsubgerentes de Seguridad Ciudadana).
- Gustavo Zevallos (exgerente de Administración y Finanzas).
- Eutemio Aucapoma (exgerente de Servicios a la Ciudad).
- Wilfredo Arenaza (asesor externo).
- Los regidores Romer Layme, José Zambrano y Teódulo García.
Dentro del mismo dictamen, el empresario Wladimir Abad, quien figura como dueño de las firmas Heli Abad S. A. C., Abad Air Inc. y Heli X International Inc., fue sentenciado a nueve años de cárcel por el cargo de colusión agravada en calidad de cómplice primario. Adicionalmente, se le impusieron siete años más de prisión por el delito de falsificación de documentos.
Vicios en la contratación y propiedad del bien
La indagación judicial, que estuvo bajo la dirección del fiscal provincial Keeller Cueva Ramos, determinó que en el año 2013, el gobierno municipal suscribió un contrato con la empresa Heli Abad S. A. C. por una cifra exacta de S/ 1 490 108.88. El propósito formal de este gasto era la obtención de un helicóptero destinado a tareas de vigilancia y seguridad en la zona.
Según los hallazgos, la empresa realizó la compra del helicóptero, pero obtuvo el certificado de aeronavegabilidad a su nombre como único operador. La fiscalía determinó que el certificado debía figurar a nombre de la municipalidad, debido a que los recursos utilizados provenían del presupuesto público.
Durante la etapa de recepción de la aeronave, se registraron viajes de funcionarios y regidores hacia las instalaciones de la empresa ubicadas en Estados Unidos. Asimismo, se conoció que la municipalidad contrató a un perito vinculado directamente a una de las empresas del mismo proveedor para validar que se cumplieran las especificaciones técnicas, lo cual constituyó una de las principales irregularidades detectadas.
Las pruebas fiscales demostraron la existencia de un pacto ilícito entre los servidores municipales y el contratista para adquirir un activo cuya titularidad real permaneció en manos privadas. Esta figura legal otorgó un beneficio económico directo al empresario, validando así la tesis del Ministerio Público ante el tribunal penal.
Finalmente, el helicóptero nunca pudo realizar operaciones de vigilancia en el distrito. Debido a esta inoperatividad, el aparato terminó siendo entregado como donación a la Aviación Policial. No obstante, la investigación precisó que ni siquiera existía un convenio formalizado entre el municipio y la Policía Nacional del Perú para coordinar el uso de dicha aeronave en beneficio de la jurisdicción local.
Investigaciones por enriquecimiento y embargo de bienes
Es importante destacar que Carlos Burgos ya se encuentra purgando otra condena previa de 16 años de cárcel por delitos relacionados con el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. De forma paralela, las instituciones del Estado avanzan en los procesos de recuperación de activos vinculados a su patrimonio personal y familiar.
En febrero de 2024, efectivos de la Policía Nacional del Perú ejecutaron un macro operativo para incautar once bienes inmuebles conectados con el exalcalde. Estas diligencias se llevaron a cabo en diversas zonas como San Juan de Lurigancho, San Borja, Huaral, Huarochirí, Chancay, Cañete y Cajamarca. Se estima que el valor total de estas propiedades supera los 40 millones de soles, dinero que pasará al Estado como parte del pago de la reparación civil.
Dicha intervención fue liderada por la Dirección de Investigación de Lavado de Activos. Entre las propiedades incautadas resalta un edificio de siete pisos en el distrito de SJL y el allanamiento a la vivienda de Karin Marengo Núñez, quien está bajo investigación por presunto tráfico de influencias y nexos con Burgos.
Las auditorías fiscales detectaron un desbalance patrimonial de aproximadamente 8.4 millones de soles generado durante su mandato entre 2007 y 2013. Según la fiscalía, se utilizaron compañías de fachada y transacciones simuladas de compraventa para intentar legitimar fondos de origen dudoso. El proceso de embargo y recuperación de activos continúa en marcha para resarcir los daños causados a las arcas públicas.
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