La Ley Orgánica Reformatoria al Cootad, aprobada el 20 de febrero de 2026, ha desatado una intensa batalla legal en la Corte Constitucional. Mientras diversos sectores advierten que la norma “asfixia la capacidad operativa local” y pone en riesgo programas sociales, la alcaldesa de Muisne y presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Yuri Colorado, lidera un frente de respaldo a la medida, calificándola como un motor de desarrollo.
La reforma enfrenta un rechazo significativo, acumulando 24 demandas de inconstitucionalidad, hasta este 13 de abril de 2026. El núcleo del conflicto es la nueva exigencia fiscal que obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a destinar, de forma progresiva, hasta el 70% de su presupuesto exclusivamente a inversión para el año 2028.
Actores políticos y sociales en ciudades como Quito, Cuenca y Guayaquil denuncian que este esquema no reconoce el costo del talento humano necesario para ejecutar obras. Según advierten, al restringir el gasto corriente, se verán afectados directamente proyectos de salud, educación, cultura y la protección de grupos vulnerables.
Apoyo
En contraste con estas críticas, la tarde de este lunes 13 de abril, Yuri Colorado acudió a la Corte Constitucional para presentar un Amicus Curiae (amigo de la corte) en defensa de la normativa, asegurando contar con el apoyo de aproximadamente 180 alcaldes del país.
Colorado sostiene que la reforma garantiza la “disciplina fiscal”, lo cual es fundamental para priorizar necesidades básicas olvidadas por décadas. Durante su intervención, destacó el impacto en servicios básicos.
En el caso concreto de Muisne, mencionó gracias a la “disciplina fiscal”, ahora tendrán agua potable, con una inversión de USD 20 millones.
Actualmente, la Corte Constitucional ha admitido ya varias demandas para su análisis, aunque por el momento ha negado medidas cautelares para suspender su vigencia.
Radio Pichincha