La organización no gubernamental Foro Penal confirmó este domingo el fallecimiento de otro preso político bajo custodia del Estado venezolano. Este caso representa el segundo documentado en menos de una semana y eleva a 20 el número total de personas detenidas por razones políticas que han perdido la vida en cárceles de Venezuela desde 2014. El cuerpo del ex concejal José Manuel García Sabino fue encontrado por funcionarios dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui, a aproximadamente 400 kilómetros de Caracas.
Hasta ahora, las autoridades policiales y el Ministerio Público no han emitido información oficial sobre las causas del deceso. De acuerdo con la coordinadora regional de Foro Penal, el cadáver fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Barcelona, municipio Simón Bolívar del mismo estado, para determinar oficialmente la causa de muerte. El resultado de dicha autopsia no ha sido comunicado hasta el momento.
García Sabino había denunciado actos de corrupción en la alcaldía de Anaco, según declaró el exfiscal Zair Mundaray, quien reside en el exilio. Mundaray calificó la detención del exconcejal como “claramente política”. La organización Foro Penal señaló que no existen reportes oficiales sobre el motivo de la detención ni sobre el estado de salud previo de García Sabino antes de su muerte.
Un patrón de ocultamiento
Este hecho ocurre tan solo dos días después de que las autoridades venezolanas reconocieran la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, otro preso político cuyo fallecimiento ocurrió nueve meses antes y fue mantenido en secreto. Quero Navas, de 51 años, fue detenido arbitrariamente entre el 1 y el 3 de enero de 2025, sin orden judicial, de acuerdo con testimonios de su familia y activistas. Su madre, Carmen Navas, de 82 años, realizó gestiones en varios centros de reclusión —incluidos El Helicoide, Rodeo I y II y sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar— sin recibir confirmación sobre su paradero. Pese a que las autoridades continuaron simulando trámites judiciales, la realidad era distinta.
Víctor Hugo Quero falleció el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, según la información oficial difundida en mayo de 2026 por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que atribuyó la causa a una “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”. Sin embargo, activistas señalaron que Quero fue internado inicialmente por hemorragia digestiva y fiebre, condiciones que podrían estar vinculadas a las circunstancias de su reclusión. Tres días después de su muerte, Quero fue enterrado en el Cementerio Jardín La Puerta sin que su familia fuera notificada. La justificación oficial fue que el interno “no suministró datos sobre vínculos familiares”. En octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo aún emitía documentos asegurando que Quero seguía privado de libertad. No fue sino hasta el 7 de mayo de 2026 cuando las autoridades permitieron a su madre identificar el lugar de enterramiento y procedieron a una exhumación bajo supervisión de la Fiscalía y acompañamiento de Foro Penal.
Condenas y exigencias de transparencia
Tanto Foro Penal como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han condenado públicamente el trato recibido por los detenidos y sus familiares, señalando la falta de atención médica oportuna y el ocultamiento deliberado de la muerte como graves violaciones a los derechos humanos. Ambos casos ilustran la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, donde, según el último conteo de Foro Penal al cierre de abril, permanecen 454 presos políticos.
“No existen reportes oficiales sobre el motivo de la detención o el estado de salud previo de García Sabino antes de su fallecimiento”, indicó Foro Penal.
Luego de la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero de este año por fuerzas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, la jefa de Estado encargada impulsó una ley de amnistía para la liberación de presos políticos. Sin embargo, el proceso se desarrolló sin transparencia: durante varias semanas no se informó de manera detallada quiénes fueron beneficiados, y los registros de liberaciones elaborados por organizaciones no gubernamentales no coinciden con los escasos datos oficiales disponibles. Las instituciones estatales responsables de estos reportes continúan bajo control de sectores vinculados al chavismo, lo que dificulta la verificación independiente de la situación de los detenidos y de los fallecimientos ocurridos bajo custodia del Estado.
Fuente: Infobae