Durante el desarrollo de la primera de las dos discusiones reglamentarias en el Parlamento venezolano, diversos legisladores de la oposición plantearon que el nuevo proyecto de ley de amnistía incorpore salvaguardas legales sólidas. El objetivo primordial es asegurar que los presos políticos que obtengan su libertad logren reintegrarse a la vida ciudadana y política sin enfrentar nuevas persecuciones o represalias.
El parlamentario Tomás Guanipa, quien tiene a sus hermanos Pedro y Juan Pablo Guanipa —este último colaborador cercano de la líder María Corina Machado— bajo detención, enfatizó la necesidad de rigor jurídico en la propuesta. Según el diputado, el articulado
“debe tener todas las garantías y los estándares internacionales para que sea una ley para todos por igual”
y añadió que la finalidad es que
“los que están hoy detenidos puedan salir libres e incorporarse a la vida pública”
.
Asimismo, Guanipa hizo un llamado para que la normativa facilite que “aquellos que están en el exilio puedan regresar” a territorio venezolano. También abogó por la situación de quienes actualmente gozan de libertades restringidas bajo medidas cautelares, solicitando que puedan finalmente retomar “una vida normal” sin la presión de presentarse constantemente ante los organismos judiciales.
La visión del legislador es que esta ley se convierta en el cimiento de una “nueva etapa histórica” fundamentada en la reconciliación nacional. En sus palabras, busca un escenario donde los ciudadanos dejen de experimentar “temor a decir lo que piensa por miedo a ser apresado” por sus posturas políticas.
En esta misma línea, el diputado David Uzcátegui subrayó que el espíritu de la ley
“debe contemplar, primero, el reencuentro”
. Para lograrlo, considera indispensable que se otorgue una libertad de carácter plena para la totalidad de los prisioneros políticos, acompañada de
“el reconocimiento”
a través de
“espacios de verdad para que las víctimas sean escuchadas y dignificadas”
.
Adicionalmente, Uzcátegui solicitó que se brinde seguridad jurídica y mecanismos de protección para que cualquier persona interesada en participar nuevamente en la actividad pública pueda ejercer sus derechos sin riesgo de sufrir retaliaciones futuras.
Por otro lado, el diputado Luis Augusto Romero propuso ampliar el espectro de participación en la fase de consultas. Su sugerencia es incluir a múltiples actores de la sociedad civil, tales como ONG, representantes de iglesias, gremios profesionales y autoridades académicas. Romero insistió en que el proceso
“tiene que ser un debate abierto, fecundo, honesto”
.
Aunque el Parlamento, cuya mayoría responde al oficialismo, aprobó de forma unánime el proyecto impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, los detalles específicos del contenido no fueron expuestos íntegramente durante la sesión legislativa.
De acuerdo con las precisiones del diputado oficialista Jorge Arreaza, esta amnistía cubrirá casos registrados desde 1999, fecha en que el chavismo tomó el poder. No obstante, aclaró que se mantendrán excluidos los procesados o sentenciados por:
- Violaciones graves a los derechos humanos.
- Crímenes de lesa humanidad.
- Crímenes de guerra.
- Homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas.
Para la revisión final del texto, el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, conformó una comisión especial liderada por Arreaza. Este equipo está integrado por 18 diputados adicionales, entre los que destaca Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario Nicolás Maduro. Rodríguez ha solicitado que este equipo trabaje con la mayor celeridad posible.
Cabe recordar que la propuesta formal fue consignada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada. Este movimiento legislativo ocurre en medio de un proceso paulatino de liberaciones que inició el 8 de enero, poco tiempo después de que Maduro y su cónyuge, Cilia Flores, fueran capturados por autoridades de Estados Unidos en suelo venezolano.
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