El exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez salió al paso de las acusaciones que han surgido en el marco del proceso judicial que enfrenta por su presunta vinculación con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Uribe, quien también ocupó el cargo de gobernador de Antioquia, ha recurrido a sus plataformas digitales para desmentir las versiones que lo relacionan con el paso de un helicóptero oficial sobre el corregimiento de El Aro durante los sucesos que se investigan.
El exmandatario calificó de “falso que el helicóptero de la Gobernación de Antioquia hubiera volado sobre el Aro al momento de la masacre” y aseguró que dicha afirmación “está desvirtuado por el control técnico de la ruta de vuelo del aparato (Bitácora)”.
El líder del partido Centro Democrático fue notificado a principios de junio de 2026 sobre la apertura de esta investigación y, desde entonces, ha difundido múltiples descargos a través de sus cuentas oficiales.
En un mensaje publicado la mañana del 4 de julio, el exgobernador sostuvo que la bitácora técnica del vuelo es la prueba que desvirtúa el supuesto sobrevuelo en el corregimiento. Añadió que “sus pilotos, que venían de las gobernaciones de Gilberto Echeverri y Juan Gómez, han declarado en todas las instancias desde 1998”. En esa misma publicación, Uribe precisó que “el helicóptero era manejado con independencia por el Servicio Aéreo de Salud”.
Uribe cuestiona la decisión fiscal en su contra
La Fiscalía General de la Nación sostiene que existen “fundamentos fácticos y jurídicos suficientes para ordenar la apertura de instrucción y la diligencia de indagatoria” contra Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en los hechos ya mencionados.
Esa conclusión aparece en un documento citado por el exmandatario, donde se precisa que, de acuerdo con la Ley 600 de 2000, “no es indispensable el recaudo de la totalidad de las pruebas ordenadas en la etapa de investigación previa”.
El proceso contra Uribe ha generado nuevas tensiones políticas, luego de que el propio expresidente denunciara públicamente que la Fiscalía ya le estaría “anticipando la condena sin practicar las pruebas decretadas”. Uribe, en su cuenta de X, calificó la actuación del ente acusador como “abuso de una fiscalía politiquera” y agregó: “La Fiscalía me anticipa la condena sin practicar las pruebas decretadas. Además, la JEP está oyendo testigos del Aro”.
El debate jurídico gira en torno a la interpretación del artículo 331 de la Ley 600, citado en el documento: “Basta con que exista mérito para vincular al procesado, lo que se cumple cuando de la evidencia recaudada existe prueba que acredita la ocurrencia del hecho y se infiere razonablemente que el procesado puede ser su autor o partícipe”.
Según sostiene el ente investigativo, ese estándar permite avanzar en el caso aun sin haber escuchado la totalidad de testigos inicialmente previstos.
En este momento, la Fiscalía formalizó la vinculación de Álvaro Uribe Vélez al proceso por las masacres de El Aro y La Granja, basándose en la normativa procesal vigente. El expresidente alega que el ente acusador tomó esa decisión sin agotar las pruebas decretadas en su defensa y recalca que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue recibiendo testimonios relevantes sobre los hechos.
El exgobernador de Antioquia publicó horas después otra declaración en la que insistió en que se están omitiendo testimonios que podrían exonerarlo, tanto a él como a su hermano Santiago Uribe Vélez, a quien se confirmó una condena de 28 años de prisión por crímenes relacionados con el paramilitarismo en Antioquia, según el fallo ratificado en 2025 por el Tribunal Superior de ese departamento.
Uribe remarcó: “Pruebas no practicadas Para avanzar contra mí no han escuchado a este señor que en Justicia y Paz dijo: ¿Quién ordenó la masacre de El Aro?”. En su mensaje, citó a Ramiro Vanoy, exjefe del Bloque Mineros de las autodefensas, quien “declaró bajo juramento que Álvaro Uribe y su hermano Santiago jamás fueron mencionados en las reuniones de planificación”. Según el testimonio presentado por Uribe, “la incursión fue un asunto exclusivo de las autodefensas”.
Las próximas semanas serán decisivas para clarificar si la Fiscalía mantiene su postura o si, ante la presión pública y política, decide revisar la práctica de las pruebas pendientes antes de tomar una determinación definitiva sobre el futuro judicial del expresidente.
Fuente: Infobae