Este viernes, 20 de junio, el director nacional del Partido Unidad Popular (PUP), Geovanni Atarihuana, acompañado por varios dirigentes de su organización, presentó ante la Corte Constitucional (CC) una segunda demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 7 de junio y publicada el 10 de junio en el Registro Oficial.
Atarihuana argumentó que la normativa, impulsada por el Ejecutivo, vulnera derechos y garantías constitucionales y sentó una alerta: “Con el pretexto de combatir la delincuencia se pretende concentrar en el presidente de la República un régimen que viola derechos y libertades de la población”.
El dirigente señaló que la ley establece un marco autoritario que, según advirtió, podría facilitar abusos policiales y militares, así como la persecución de opositores políticos, activistas sociales y líderes indígenas o campesinos. Además, criticó el mecanismo del indulto con efecto diferido, al que calificó como un «llamado a la impunidad».
Atarihuana advirtió que la ley podría generar detenciones arbitrarias, permitiendo que jóvenes sean considerados sospechosos por su vestimenta, color de piel o condición social. “Se quiere militarizar el país y criminalizar la pobreza”, insistió.
El partido anunció que, en los próximos días, presentará una tercera demanda de inconstitucionalidad, esta vez contra la Ley Orgánica de Inteligencia, también recientemente aprobada.
Esta nueva acción se suma a la demanda presentada el pasado 13 de junio por Gabriel Salvador Lema, la cual recayó, tras sorteo, en el despacho de la jueza constitucional Teresa Nuques. Según los procedimientos, ambas demandas podrían ser acumuladas para un solo análisis.
Aunque Unidad Popular no solicitó medidas cautelares para suspender temporalmente la aplicación de la norma, sí hizo un llamado a la Corte Constitucional para que actúe con celeridad y se pronuncie de manera urgente sobre la legalidad de esta legislación.
El Gobierno, por su parte, ha defendido que la calificación de «económica urgente» responde a que la norma incluye incentivos tributarios a empresas que colaboren con la provisión de equipos a entidades que luchan contra el crimen organizado, en el contexto del conflicto armado interno declarado mediante Decreto Ejecutivo 111.
KG