La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la recientemente aprobada Ley Orgánica de Integridad Pública, publicada en el Registro Oficial este 26 de junio. La organización gremial considera que la normativa vulnera derechos adquiridos de los servidores públicos, particularmente en materia de jubilación y compensaciones económicas.
Según Andrés Quishpe, presidente de la UNE, la reforma al artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) representa un retroceso en los derechos laborales, al modificar las condiciones para que los servidores públicos puedan retirarse voluntariamente y recibir una compensación económica.
“El cambio implica que quienes planeaban jubilarse entre los 60 y 64 años ya no podrán acceder a la compensación económica prevista, lo cual vulnera el principio constitucional de progresividad de derechos”, advirtió Quishpe.
La compensación, según explicó el dirigente, puede alcanzar hasta 150 salarios básicos unificados, lo que equivale a más de $ 7.800 en 2025. “No solo afecta a las finanzas de los servidores públicos, sino también a su proyecto de vida luego de décadas de trabajo”, señaló.
Aunque el artículo 81 de la Losep ya establecía los 65 años como edad mínima para recibir compensación por retiro voluntario, Quishpe cuestionó que con la reforma ahora se excluya cualquier posibilidad de acceso a ese derecho antes de esa edad, afectando a quienes ya cumplían con los requisitos del IESS.
El gremio magisterial, que agrupa a docentes del sistema público, considera que se están violando principios constitucionales, como el de irrenunciabilidad de derechos laborales y el de seguridad jurídica, por lo que presentarán la acción de inconstitucionalidad en los próximos días ante la Corte Constitucional.
“Esta reforma fue aprobada sin diálogo con los sectores sociales afectados. El Estado debe garantizar derechos laborales, no retrocederlos”, concluyó el dirigente sindical.
KG