A través de una votación que alcanzó los 408 sufragios a favor, el Parlamento Europeo ratificó una nueva legislación que faculta a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para ejecutar la expulsión de solicitantes de asilo hacia territorios categorizados como “países seguros”. Esta medida se aplicará sin que sea determinante la nacionalidad del individuo o si este posee un vínculo previo con el destino de deportación.
En el listado oficial de estas naciones consideradas seguras, Colombia ha sido incluida junto a otros estados como Egipto, Bangladesh, India, Marruecos, Kosovo y Túnez. Esta determinación amenaza con transformar drásticamente los flujos migratorios hacia el continente europeo, al agilizar los retornos y restringir la viabilidad de una gran parte de las solicitudes de protección internacional.
Redefinición del concepto de tercer país seguro
Los lineamientos aprobados introducen cambios profundos en la figura del “tercer país seguro”. Por primera ocasión, la normativa suprime la obligación de que exista una conexión previa entre el peticionario de asilo y el territorio al que podría ser enviado por las autoridades europeas.
Bajo este nuevo marco, las solicitudes podrían ser rechazadas de forma automática si se comprueba que el migrante transitó por dicho país, si residió allí anteriormente, si cuenta con nexos de carácter cultural o familiar, o si simplemente media un acuerdo bilateral o multilateral que facilite el procedimiento.
Asimismo, la normativa traslada la carga de la prueba al ciudadano. Si el solicitante considera que enfrentaría persecución o daño grave en ese lugar, será su responsabilidad presentar las pruebas ante las autoridades, de acuerdo con lo que establece el reglamento validado por los legisladores de la eurocámara.
La situación particular de Colombia
En la documentación técnica que sustenta la decisión, las instituciones de la UE remarcaron que “no hay, en general, persecución en el país dentro del significado del Artículo 9 del Reglamento (UE) 2024/1347”. Según la visión de las autoridades comunitarias, en Colombia no prevalecen escenarios de violencia indiscriminada ligados a conflictos armados, ya sean de índole interna o internacional.
Esta perspectiva institucional permitirá que las peticiones de asilo presentadas por ciudadanos colombianos sean desestimadas bajo un modelo de tramitación acelerada. Al respecto, Magnus Brunner, comisario europeo de Seguridad Interior y Migración, subrayó que “el voto del Parlamento otorga a los Estados miembros una mayor flexibilidad en la cooperación con los países socios, alivia la presión sobre nuestros sistemas de asilo y refuerza el control sobre la migración”.
Cuestionamientos y defensa de derechos humanos
A pesar del respaldo mayoritario en el Parlamento, la medida ha generado una ola de críticas. La eurodiputada de la bancada ecologista francesa, Mélissa Camara, denunció que este es “un paso más en la deshumanización de la política migratoria de la Unión Europea”, alertando además que la dignidad humana de los migrantes está siendo “pisoteada”.
Organizaciones de alcance global, tales como Amnistía Internacional, han mostrado su inquietud por la facilidad con la que se catalogará a los solicitantes provenientes de estos países como personas que no requieren protección. El diputado Erik Marquardt también expresó su rechazo a la falta de rigor en estas categorías.
“El enfoque hacia los llamados países seguros ha perdido todo equilibrio. Clasificar como ‘seguros’ países como Turquía o Egipto, donde existen graves y bien documentados problemas de derechos humanos, pone a las personas en riesgo y dificulta considerablemente que los solicitantes de asilo demuestren la persecución”, manifestó Marquardt.
Para la Unión Europea, la selección de estos territorios responde a un análisis pormenorizado sobre la inexistencia de amenazas estructurales de violencia. El siguiente paso para la entrada en vigor definitiva será la adopción formal por parte del Consejo, un trámite que se considera inminente.
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