Las instituciones comunitarias avanzan firme hacia una política migratoria más restrictiva, confirmada por un acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE. Este pacto provisional facilita la expulsión de migrantes en situación irregular y contempla la creación de centros de retorno en terceros países, es decir, naciones distintas a las de origen de los afectados. La medida replica el modelo impulsado por el gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni en Italia con Albania. Aunque el flujo de migrantes irregulares cayó un 26% el año pasado —la cifra más baja desde 2021—, el plan cuenta con el respaldo de la mayoría que forman el Partido Popular Europeo y la extrema derecha. La aprobación definitiva aún requiere el visto bueno de los gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo, pero todo indica que se logrará.
Plazos y consecuencias para quienes no colaboren
Según un comunicado del Consejo, si las autoridades nacionales determinan que una persona de un país extracomunitario reside de forma irregular en un Estado miembro, esa persona “deberá abandonar ese país, ya sea de inmediato o dentro de un plazo establecido”. La eurodiputada neerlandesa Malik Azmani, del partido Renew Europe, afirmó que “después de casi dos décadas, las normas de la UE sobre retornos necesitaban una reforma. Nuestro objetivo siempre ha sido claro: un sistema de retorno efectivo, justo y viable, respaldado por un marco legal sólido”. Azmani subrayó que lo fundamental es que Europa “cuente con un sistema creíble y aplicable en la práctica”.
La normativa impone reglas estrictas para “quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea”. Las personas en situación irregular estarán obligadas a salir del país donde se encuentren y a cooperar con las autoridades. Quienes no colaboren enfrentarán reducción de ayudas y subsidios, y si la legislación nacional lo permite, los Estados miembros podrán aplicar sanciones penales, incluyendo penas de prisión.
Centros de retorno: familias sí, menores no acompañados no
En los centros situados en terceros países, se exigirá el respeto a los derechos humanos. No se permitirá el internamiento de menores no acompañados, pero sí se podrá trasladar a familias con hijos menores de edad. Para los migrantes considerados una amenaza para la seguridad pública o nacional, el acuerdo contempla su expulsión con carácter prioritario. Estas personas podrán ser detenidas en centros penitenciarios, en áreas separadas de la población reclusa general, y se les podrá imponer una prohibición de entrada al territorio por tiempo indefinido.
Rechazo de partidos y organizaciones humanitarias
La nueva normativa enfrenta la oposición de partidos socialdemócratas, verdes y de izquierda, que consideran que la propuesta no está alineada con un enfoque europeo y representa un giro de los populares hacia posiciones de la extrema derecha. Organizaciones como Irídia, Novact, Algorace y la Oficina Europea de Amnistía Internacional denuncian que el acuerdo “supondrá un retroceso en derechos humanos” y que “el perfilamiento racial sigue siendo una práctica estructural en el sistema policial”. Critican además las medidas coercitivas y punitivas para intensificar las deportaciones y alertan sobre los centros de retorno en terceros países, “con riesgos de detención arbitraria y vulneraciones de derechos humanos”.
Olivia Sundberg, de Amnistía Internacional, señaló que “la propuesta se ha tramitado de forma acelerada, sin evaluación de impacto y en un contexto de opacidad”. Recordó que el pacto ha recibido el rechazo de más de 250 organizaciones de la sociedad civil y de expertos de Naciones Unidas.
Fuente: Infobae