La Casa Blanca ha confirmado que todos los aliados comerciales de Estados Unidos, incluidos aquellos que ya mantenían acuerdos arancelarios previos bajo la administración de Donald Trump, deberán ajustarse a un nuevo arancel general del 10%. Esta disposición se aplicará de manera uniforme, sin considerar los niveles impositivos que se hubieran pactado con anterioridad.
La implementación de esta medida surge como respuesta inmediata a la anulación dictaminada por la Corte Suprema respecto a los gravámenes específicos por nación que Trump había establecido previamente mediante el uso de facultades económicas de emergencia.
Nuevas bases legales para la política comercial
Según declaraciones de un vocero de la Casa Blanca, esta resolución posee un carácter temporal. El Gobierno se encuentra actualmente en la búsqueda de fundamentos jurídicos alternativos para instaurar aranceles que se consideren
«más apropiados o prenegociados»
.
A pesar de que el máximo tribunal estadounidense frenó las políticas comerciales de carácter unilateral del mandatario, Trump ha recurrido a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Dicha normativa concede al jefe de Estado la potestad de decretar aranceles de hasta el 15% por un periodo máximo de 150 días. Bajo este amparo legal, el presidente ratificó un gravamen global del 10% sobre todas las importaciones provenientes del exterior.
Hasta el momento, la administración no ha ofrecido pormenores sobre la estrategia para sostener este arancel del 10% una vez que expire el plazo legal de los 150 días, lo que ha generado un clima de incertidumbre sobre la permanencia de la medida a largo plazo.
El revés en la Corte Suprema y sus implicaciones
Con una votación de seis contra tres, la Corte Suprema resolvió que la legislación de 1977 invocada inicialmente por Trump no otorga al Ejecutivo el poder de fijar tasas globales de manera unilateral. El presidente del tribunal, John Roberts, argumentó que dicha ley
«no hace referencia a aranceles ni gravámenes»
, estableciendo así un límite claro a la autoridad presidencial en materia de comercio.
Esta sentencia impacta directamente en la tarifa base del 10% sobre las importaciones extranjeras, así como en los denominados gravámenes «recíprocos» a socios clave. Además, afecta los aranceles adicionales: un 25% para México y Canadá —enfocados en presionar sobre el tráfico de drogas— y tasas de hasta el 50% para Brasil e India, como represalia por el proceso judicial contra Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.
Ante este escenario, Donald Trump ofreció una rueda de prensa donde arremetió contra la Corte Suprema, sugiriendo, sin presentar pruebas, que ciertos magistrados podrían estar influenciados por intereses extranjeros. No obstante, aseveró que este fallo lo posiciona como alguien
«más poderoso»
y que persistirá en encontrar vías legales para blindar su política comercial.
Es relevante señalar que en la votación contra la postura presidencial participaron dos magistrados que el propio Trump nominó. Por el contrario, Brett Kavanaugh, también designado durante su gestión, fue el único juez que respaldó la posición del Ejecutivo.
Impacto económico y proyecciones financieras
El actual secretario del Tesoro, Scott Bessent, prevé que este nuevo mecanismo permitiría que los ingresos por aranceles se mantengan
«prácticamente sin cambios»
para el año 2026. Por otro lado, un análisis de la Universidad de Pensilvania sugiere que la sentencia judicial podría forzar devoluciones de hasta 175 mil millones de dólares a las compañías afectadas, aunque la resolución no profundizó en este aspecto y se anticipan litigios prolongados.
Paralelamente, un informe de la Universidad de Yale estima que el consumidor en Estados Unidos enfrentará una tasa arancelaria efectiva del 9,1%. Esta cifra representa el nivel más elevado registrado desde 1946, exceptuando únicamente lo proyectado para el año 2025.
Reacciones internacionales y sectores internos
En el ámbito externo, Canadá calificó estas imposiciones como «injustificadas» y anticipó turbulencias en la relación bilateral. Mientras tanto, el Reino Unido y la Unión Europea anunciaron que analizarán el alcance técnico del fallo. Trump mencionó que mantendrá negociaciones bilaterales con países específicos, citando a India como ejemplo.
Dentro del país, la percepción es mixta entre los diversos actores sociales:
- La National Retail Federation celebró la decisión judicial, considerando que aporta
«certeza»
al sector empresarial.
- La senadora Elizabeth Warren advirtió que no existe un mecanismo claro para la devolución de los aranceles pagados por consumidores y pequeñas empresas.
- Gavin Newsom, gobernador de California, exigió el reintegro total de los fondos que fueron cobrados de manera ilegal.
Finalmente, el mercado de Wall Street registró un crecimiento moderado tras el anuncio, en un contexto donde el sentido del fallo ya era esperado por los inversionistas. El Ejecutivo estadounidense aún no ha publicado el texto íntegro de la orden ni los detalles sobre el control y posible prórroga de estos nuevos gravámenes.
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