La organización no gubernamental Foro Penal, encargada de la protección y asistencia de los presos políticos en Venezuela, ha puesto de manifiesto una irregularidad crítica en el sistema judicial del país. Según la denuncia, diversos tribunales se están negando a otorgar las constancias por escrito cuando rechazan las solicitudes de amnistía presentadas por los allegados de los privados de libertad.
El director vicepresidente de la entidad, Gonzalo Himiob, señaló que han recolectado múltiples reportes sobre esta práctica, la cual calificó como una situación de suma gravedad. El abogado explicó que este bloqueo administrativo entorpece directamente el derecho a la defensa, ya que hace imposible interponer los recursos de apelación correspondientes.
“No se permite apelar de la negativa (de amnistía) sin la copia de la decisión”
Este escenario se produce luego de que la Asamblea Nacional venezolana decidiera otorgar una extensión de 30 días a la comisión que monitorea la aplicación de la Ley de Amnistía, la cual entró en vigor en febrero. Hasta la fecha, el proceso registra un volumen superior a las 11.400 solicitudes analizadas. De acuerdo con las cifras oficiales, se habrían concedido 8.084 libertades plenas, aunque la opacidad y el alcance real de estas medidas siguen bajo el escrutinio de organismos de derechos humanos.
Cifras bajo cuestionamiento
El legislador Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión de seguimiento, precisó que del total de beneficiados, un grupo de 7.782 ciudadanos se encontraba bajo medidas cautelares con libertad limitada, mientras que solo 302 personas estaban efectivamente tras las rejas al momento de recibir el beneficio.
La normativa de amnistía tiene un rango de aplicación que abarca 27 años de historia política, iniciando en 1999. No obstante, su implementación está restringida únicamente a individuos relacionados con 13 eventos específicos ocurridos en distintos años. Esta limitación ha provocado la exclusión sistemática de una cantidad importante de detenidos políticos, tanto del sector civil como de las fuerzas militares.
A pesar de que ha transcurrido más de un mes desde que se promulgó la ley, las instituciones del Estado no han hecho público el listado oficial de los ciudadanos amnistiados. Esta omisión ocurre incluso tras la solicitud formal realizada por Volker Türk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Balance de detenciones por motivos políticos
El registro más reciente proporcionado por Foro Penal, actualizado al 23 de marzo, revela que al menos 503 personas continúan privadas de libertad en Venezuela por causas políticas. Aunque esta cifra muestra una leve reducción frente a los 526 detenidos reportados a inicios de marzo, el contexto actual se caracteriza por la arbitrariedad de los jueces al decidir quiénes acceden a los beneficios legales.
El informe detalla que entre los 503 prisioneros se encuentran:
- 315 civiles y 188 efectivos militares.
- 452 hombres y 51 mujeres.
- Un menor de edad con una edad comprendida entre los 14 y 17 años.
- 44 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad.
Adicionalmente, la ONG resaltó que más de 11.000 venezolanos enfrentan medidas que restringen sus derechos fundamentales, tales como prohibiciones de salida del territorio nacional o la obligación de comparecer periódicamente ante los juzgados, sin que esto implique una detención física.
Tensiones con organismos internacionales
Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, Volker Türk informó que su oficina no ha recibido respuestas satisfactorias tras pedir el acceso a centros de reclusión y la entrega de la lista de liberados. El despacho del comisionado solo ha podido corroborar de manera autónoma la excarcelación de aproximadamente 950 individuos detenidos arbitrariamente, un número que dista significativamente de las más de 7.000 liberaciones que pregona el gobierno.
Ante estos señalamientos, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, reaccionó de forma hostil tildando al representante de la ONU como un adversario del país. Rodríguez ha insistido en que el sistema de apelaciones es la vía legítima para quienes han sido excluidos de la ley.
Finalmente, la vigencia y efectividad de la amnistía se encuentra en entredicho. Mientras que la dirigente María Corina Machado sostiene que el instrumento legal es en realidad un mecanismo de “represión selectiva”, otros defensores de derechos humanos consideran que se trata de un espejismo institucional. Con más de 500 detenidos y miles de personas con libertad condicionada, la crisis de derechos en Venezuela parece no hallar una solución real a través de este marco jurídico.
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