El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, permanecerá bajo una medida de privación de libertad mientras se adelanta el proceso judicial en su contra por su presunta vinculación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Esta determinación se ratificó luego de que el Tribunal Superior de Bogotá desestimara un recurso de habeas corpus interpuesto por el nuevo equipo jurídico de Bonilla. La instancia judicial argumentó que todavía no se ha emitido una resolución sobre la apelación presentada contra el fallo del pasado 18 de diciembre de 2025. Por motivos estrictos de seguridad, el exfuncionario se encuentra recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), situado en el sector noroccidental de la capital colombiana.
La defensa del otrora titular de la cartera de Hacienda sostuvo que los retrasos en la resolución de la apelación representan una afectación directa a las garantías procesales de Bonilla, quien actualmente tiene 76 años de edad. En el documento de solicitud se subrayó que, desde el inicio de su detención,
“no se ha notificado a los suscritos apoderados ni el acta de reparto ni el fallo que resuelva la alzada”.
Por su parte, la magistrada Alexandra Rosero fundamentó su decisión de negar la detención domiciliaria y mantener la prisión preventiva basándose en la gravedad de los hechos imputados. Se espera que en los próximos días se defina la fecha exacta para la audiencia donde se resolverá el recurso de apelación de la defensa.
Tras este revés judicial, el exministro deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia. Allí enfrentará cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Según el expediente manejado por la Fiscalía, en el año 2023, mientras Bonilla lideraba el Ministerio de Hacienda, habría recibido reportes detallados sobre la manipulación de procesos contractuales tanto en la Ungrd como en el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Implicaciones de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en la red de corrupción
La fiscalía asignada al caso detalló que Ricardo Bonilla habría solicitado a Olmedo López, quien se desempeñaba como director de la Ungrd, la gestión de contratos en los que varios integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público
“se habían interesado ilícitamente”
. Los legisladores mencionados en la investigación son Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya.
El objetivo de estas maniobras, de acuerdo con el pliego de cargos, era
“favorecer a los congresistas”
y garantizar que ciertos proyectos de interés para el Ejecutivo nacional fueran sometidos a votación antes de que concluyera el periodo legislativo. El ente acusador sostiene que entre mayo de 2023 y mediados de 2024, Bonilla González y Luis Fernando Velasco habrían pactado con diversos actores para
“cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que le permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”
.
Las investigaciones apuntan a que, entre los meses de septiembre y diciembre de 2023, hubo una intermediación en tres contratos específicos de la Ungrd enfocados en la atención de emergencias en localidades como Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento de El Salado en Carmen de Bolívar. El monto global de estos contratos ascendía a $86.619.000.000. Aunque las pruebas sugieren que los contratos no llegaron a ser direccionados finalmente, los legisladores implicados sí habrían aprobado 17 notas de crédito de endeudamiento en beneficio del Gobierno.
En caso de que la justicia determine su responsabilidad en estos hechos, los exministros podrían ser condenados a penas que oscilan entre los 12 y 15 años de cárcel, además de enfrentar sanciones económicas que podrían alcanzar los 30.000 salarios mínimos mensuales.
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