La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto a varios países de América Latina, anunció la creación de una coalición regional para enfrentar a los cárteles y al crimen organizado transnacional. La iniciativa busca fortalecer la cooperación en inteligencia, seguridad y operaciones contra redes criminales que hoy operan con una capacidad cada vez mayor y sin respetar fronteras.
El anuncio llega en un momento crítico para la región. En los últimos años, las organizaciones criminales han ampliado significativamente su presencia territorial, su capacidad operativa y su poder económico. La violencia asociada al narcotráfico continúa afectando a varios países, mientras que las redes criminales se adaptan rápidamente a nuevas oportunidades ilícitas.
La creación de esta coalición representa, sin duda, un paso importante en la lucha regional contra el crimen organizado. Su objetivo inmediato es claro: enfrentar el narcotráfico y las estructuras criminales que alimentan la violencia y la inseguridad en Estados Unidos y en América Latina.
Sin embargo, si esta alianza hemisférica aspira a debilitar a los cárteles, deberá mirar más allá del narcotráfico y prestar atención a un elemento clave: las finanzas del crimen organizado.
Hoy las organizaciones criminales operan con modelos de negocio altamente diversificados. Cada vez más, estos grupos financian sus operaciones a través de un portafolio de economías ilícitas bajo un fenómeno conocido como convergencia criminal, que incluye contrabando, minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, robo y tráfico de combustibles, y comercio ilegal de mercancías.
Entre estas actividades, el contrabando de cigarrillos, bebidas alcohólicas y medicamentos se ha convertido en una de las economías ilícitas más extendidas y menos visibles en América Latina. Son negocios con bajo riesgo penal, alto margen de rentabilidad y una capacidad constante de generación de ingresos. El caso de Ecuador ilustra bien la magnitud del problema. Investigaciones recientes y datos citados en medios locales indican que el 80% de los cigarrillos que se comercializan son ilícitos. Solo en operativos recientes, las autoridades ecuatorianas incautaron más de 10 millones de cigarrillos de contrabando, evidenciando la escala de estas redes.
Más allá de las pérdidas fiscales —que representan millones de dólares que dejan de ingresar a las arcas públicas— el problema central es que estas economías ilícitas terminan fortaleciendo las finanzas del crimen organizado y ampliando su capacidad operativa.
El fenómeno no se limita a Ecuador. Diversos análisis regionales muestran que países como Colombia, Panamá y Costa Rica enfrentan también un aumento en el contrabando de cigarrillos, confirmando que se trata de un problema transnacional que atraviesa fronteras y se integra plenamente en las dinámicas del crimen organizado.
Por eso, si la nueva coalición hemisférica busca debilitar realmente a los cárteles, el desafío no consiste únicamente en interceptar cargamentos de droga o desarticular laboratorios clandestinos. También implica identificar y cortar las múltiples fuentes de financiamiento que sostienen a estas organizaciones.
Esto requiere fortalecer los controles aduaneros y portuarios, mejorar la cooperación en inteligencia financiera, armonizar marcos regulatorios, aumentar la trazabilidad de mercancías y priorizar la persecución de las redes de contrabando que hoy operan con relativa impunidad. Focalizar las investigaciones en las cadenas logísticas y de suministro es clave para comprender el fenómeno criminal en su totalidad y lograr resultados sostenibles.
Desde Crime Stoppers, organización internacional dedicada a promover la participación ciudadana en la lucha contra el crimen en América Latina y el Caribe, acompañamos esta iniciativa y recordamos que la información de la ciudadanía sigue siendo una herramienta clave para apoyar las investigaciones contra las redes transnacionales del narcotráfico y sus delitos conexos.
Porque debilitar al crimen organizado no solo implica perseguir sus operaciones: también exige desmantelar las economías ilícitas que sostienen su poder.