Durante su habitual encuentro con los medios de comunicación, la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció oficialmente respecto a las recientes observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo internacional activó recientemente el Artículo 34 de la Convención Internacional, lo que implica que el expediente de México será remitido a la Asamblea General de Naciones Unidas para su revisión.
Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, la jefa de Estado fue categórica al señalar que el desacuerdo con el informe no implica que su gestión detenga las labores de localización de ciudadanos no encontrados. No obstante, subrayó de manera tajante que
“el documento tiene fallas metodológicas que lo invalidan”
, restándole peso técnico a las conclusiones del grupo internacional.
Cuestionamientos a la metodología y temporalidad
La presidenta Sheinbaum precisó, como punto de partida, que el CED no constituye un comité administrativo directo de la ONU, sino que funciona como un grupo de expertos externos vinculados a la entidad. Durante su intervención, desglosó los puntos críticos que, a su juicio, restan objetividad al reporte:
- El estudio se concentra únicamente en la realidad de cuatro estados de la República Mexicana, lo que no representa el panorama nacional.
- La investigación abarca el periodo comprendido entre 2009 y 2017, años que corresponden a las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
- A partir de esos datos históricos, el comité realiza una proyección estadística hacia el año 2025, una acción que la presidenta calificó de inválida desde el rigor metodológico.
Sobre este último punto, la mandataria recalcó:
“Los resultados que obtienen de ese análisis, los extrapolan hasta el 2025”
, insistiendo en que dicha inferencia no tiene sustento en la realidad operativa y social del México actual.
El debate sobre el concepto de desaparición forzada
Un argumento fundamental en la defensa del Gobierno Federal fue la precisión jurídica del término desaparición forzada. Claudia Sheinbaum recordó que, según los propios tratados internacionales y de la ONU, este delito se define específicamente como aquel ejecutado por agentes del Estado contra ciudadanos, generalmente con fines de represión política.
Bajo esta premisa, la mandataria sostuvo que el análisis del CED sobrepasa su propio marco legal, debido a que el actual gobierno de México no permite, no ordena ni tolera las desapariciones forzadas, rechazando que se utilicen como una herramienta de control estatal o político en la actualidad.
Avances gubernamentales omitidos por el comité
La presidenta reveló que, previo a la difusión del informe, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como la Secretaría de Gobernación remitieron expedientes detallados con los progresos alcanzados desde el año 2019. Entre estos hitos se encuentran las reformas legislativas, la colaboración estrecha con colectivos de búsqueda y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Sin embargo, Sheinbaum denunció que esta información actualizada no fue considerada para el reporte final. Por ello, anunció que la SRE y Gobernación profundizarán en las explicaciones técnicas del caso y que se buscará un acercamiento directo con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para presentar formalmente la postura de México.
Mantenimiento del compromiso con las familias
Finalmente, la presidenta de México separó la controversia diplomática del compromiso humanitario de su gobierno. Aseguró que el rechazo al documento no afecta el trabajo con los colectivos de desaparecidos, la operatividad del sistema de alertas, ni la meta de erradicar los casos vinculados a la criminalidad organizada.
Para concluir su mensaje, la doctora Sheinbaum enfatizó:
“Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos ni con la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia”
, ratificando el apoyo gubernamental a las víctimas directas e indirectas de este flagelo.
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