La Presidencia de la República modificó las reglas para el uso de tarjetas de crédito institucionales mediante el Acuerdo No. PR-SGA-2025-061, una reforma que redefine tanto el destino de estos recursos como los mecanismos de control sobre su utilización.
El cambio no es menor. Aunque las tarjetas ya estaban destinadas a cubrir gastos del Presidente en sus desplazamientos, ahora el instructivo incorpora nuevas posibilidades y formaliza prácticas que antes no estaban detalladas con precisión.
Uno de los puntos clave es que se habilita el uso de tarjetas de crédito no solo para gastos logísticos de viajes -como hospedaje, alimentación o movilización-, sino también para la compra exclusiva de pasajes aéreos nacionales e internacionales, incluyendo costos adicionales como equipaje, recargos de aerolíneas o cambios de itinerario.
El nuevo instructivo también amplía el número de instancias que pueden solicitar la asignación de tarjetas.
A la Subsecretaría del Despacho Presidencial se suma ahora la Coordinación General Administrativa Financiera, que será responsable de gestionar las tarjetas destinadas a la compra de boletos aéreos.
Nuevas exigencias para justificar gastos
En el apartado de control, la reforma endurece los requisitos para la rendición de cuentas.
Los funcionarios responsables deberán presentar informes más detallados, incluyendo matrices específicas con datos como fechas, beneficiarios, rutas aéreas, montos y observaciones.
También se establece que los comprobantes -facturas, vouchers o boletos- deberán estar correctamente emitidos a nombre de la Presidencia o del beneficiario del pasaje, y que los pagos deberán tramitarse de forma inmediata una vez recibido el estado de cuenta.
Cambios frente al esquema anterior
Antes de la reforma, el instructivo contemplaba un uso más general de las tarjetas, centrado únicamente en los viajes presidenciales, sin detallar aspectos como la compra de pasajes o los procedimientos para modificar itinerarios.
Aunque la reforma incorpora mayores controles formales, también abre el debate sobre el margen de flexibilidad en el uso de recursos públicos, especialmente en lo relacionado con gastos imprevistos.
Radio Pichincha