En el corazón de Moscú, un hombre de mediana edad que viste prendas de camuflaje aborda un transporte público. En su mano sostiene una bolsa plástica con una botella de vodka y una lata de cerveza; se tambalea levemente mientras bebe de ambos envases. Con la mirada perdida, exclama ante el silencio de los demás pasajeros:
“Mantener la defensa. Mantener la defensa”.
Las personas a su alrededor evitan mirarlo, pues prefieren eludir cualquier interacción con quienes son los rostros visibles de la denominada “operación militar especial” rusa en territorio ucraniano.
Aunque una gran parte de la población rusa intenta desentenderse del conflicto iniciado hace cuatro años, la realidad se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Si bien no se observa un desplome inmediato en lo político o económico, el gobierno de Vladimir Putin no logra ocultar las profundas cicatrices que la guerra deja en el día a día. Al transitar por las ciudades, los indicios son evidentes: los sistemas de defensa electrónica diseñados para repeler drones ucranianos interfieren con los navegadores GPS en la capital y otras urbes. Este fenómeno de spoofing provoca que los dispositivos ubiquen a los conductores a decenas de kilómetros de su posición real, obligándolos a retornar al uso de mapas físicos o a memorizar sus rutas.
El sector aeronáutico enfrenta sus propios desafíos. Debido a las amenazas de ataques y necesidades logísticas, más de 500 aeropuertos permanecieron cerrados el año pasado. Además, las sanciones internacionales han bloqueado el suministro de repuestos para aeronaves de Airbus y Boeing, que cubren el 90% de la demanda nacional. Esta situación derivó en 800 averías registradas el año pasado, triplicando las cifras previas. Como alternativa, se intenta reactivar modelos de fabricación rusa antigua, aunque estos no están exentos de fallas técnicas.
Incluso la infraestructura básica en los edificios residenciales se ha visto afectada. La falta de componentes extranjeros dificulta la reparación de ascensores. Ante las quejas de residentes en bloques de apartamentos moscovitas, los técnicos suelen responder con una frase que resume la prioridad estatal actual:
“Se lo está preguntando a las personas equivocadas”.
Con esto sugieren que, mientras la guerra sea la prioridad absoluta de las autoridades, los problemas cotidianos de mantenimiento quedarán en segundo plano.
Censura digital y control de la información
El entorno digital en Rusia es cada vez más restrictivo. Servicios populares como YouTube y WhatsApp han sido bloqueados, y aplicaciones como Telegram enfrentan limitaciones que incluso generan malestar en la Duma. El Estado promueve el uso de Max, una aplicación propia que viene instalada de fábrica en nuevos dispositivos y que facilita la vigilancia oficial. Aunque algunos sitios occidentales son técnicamente accesibles, la carga de datos es mínima. Según reportes de Top10VPN, se registraron 58 interrupciones de internet en diversas regiones, con duraciones que alcanzan los 25 días.
En el ámbito económico, los resultados son ambivalentes. Antes de la invasión, se preveía un crecimiento anual del 2%. Pese a las sanciones, Rusia logró superar ligeramente esa cifra gracias a las exportaciones petroleras y al gasto público masivo, aunque para el año 2025 el crecimiento se ha enfriado drásticamente hasta situarse cerca del 0,6%. El desempleo oficial es sumamente bajo, apenas un 2%, pero esto se debe a que la maquinaria de guerra ha absorbido la mano de obra disponible y a que cientos de miles de ciudadanos han abandonado el país para evitar el reclutamiento.
El auge armamentístico frente al estancamiento civil
Localidades como Izhevsk, donde opera el Grupo Kalashnikov, viven una bonanza económica con alzas en precios inmobiliarios y apertura de comercios. Sin embargo, otras áreas de la economía languidecen. Rusia aspiraba a liderar en Inteligencia Artificial frente a potencias como Estados Unidos y China, pero la fuga de talentos y la falta de chips avanzados han frenado este avance. Proyectos como GigaChat de Sberbank apenas tienen relevancia fuera de sus fronteras.
La actividad empresarial privada muestra señales críticas. El registro de nuevas compañías cayó un 20% respecto a 2024, alcanzando su punto más bajo en 14 años. Los impagos salariales suman ya 2.200 millones de rublos (aproximadamente 29 millones de dólares), concentrados mayormente en la construcción. Empresas emblemáticas como Avtovaz han reducido su jornada laboral a solo cuatro días por semana, mientras gigantes inmobiliarios como Samolet buscan rescates estatales para cubrir sus deudas.
La propiedad privada tampoco está garantizada. Se ha desatado una ola de expropiaciones que comenzó con activos extranjeros y se extendió a empresarios locales. Un ejemplo notable es la filial rusa de Danone, entregada a un allegado de Ramzan Kadyrov. Recientemente, el Aeropuerto Domodedovo fue subastado por una fracción de su valor real tras ser confiscado. Otro caso es el de Vadim Moshkovich, dueño de Rusagro, quien enfrenta procesos judiciales mientras su empresa es acechada por figuras cercanas al círculo íntimo de Putin, como Dmitry Patrushev. Un empresario local sintetizó el temor general:
“¿Por qué iba a invertir y expandirme si mañana me lo van a quitar?“
Desde el inicio del conflicto, se han expropiado más de 500 empresas, incluyendo fábricas de alimentos y hoteles. Igor Krasnov, recientemente nombrado presidente del Tribunal Supremo, se jactó de haber recuperado 2,4 billones de rublos para el Estado bajo estos procedimientos.
Justicia deformada y violencia social
El sistema legal ruso ha sido alterado para favorecer el esfuerzo bélico. Los delincuentes que firman contratos militares reciben inmunidad o suspensión de sus procesos. El portal Verstka identificó 1.112 procesos judiciales, por delitos que incluyen asesinato y violación, que fueron detenidos debido a que los acusados se unieron al frente.
Esta política tiene consecuencias tras el regreso de los soldados. Se estima que cerca de 1.000 personas han sido víctimas de violencia perpetrada por veteranos, muchos de ellos exconvictos que recibieron indultos tempranos. En Revda, un suburbio de Ekaterimburgo que ha perdido a más de 150 hombres en combate, se registró el caso de un cabo bajo efectos de sustancias que atropelló mortalmente a dos niñas de siete y nueve años. A pesar de sus antecedentes, sus sanciones previas habían sido borradas por su servicio militar.
La Iglesia Ortodoxa Rusa ha respaldado estas acciones. El patriarca Kirill ha afirmado que morir en esta «guerra santa» redime todos los pecados. Mientras tanto, quienes piden la paz, como el sacerdote Alexei Uminsky, son expulsados o perseguidos. Uminsky señaló que la jerarquía eclesiástica ha eliminado la responsabilidad moral de matar en combate.
Crisis demográfica y reclutamiento forzoso
A pesar de los incentivos económicos, que incluyen bonos de hasta 2,5 millones de rublos por alistarse y salarios mensuales de 200.000 rublos, el reclutamiento se vuelve más difícil. Muchos hombres de zonas rurales ven la guerra como una vía de ascenso social, pero se encuentran con contratos que se extienden indefinidamente por decreto presidencial. Los costos humanos son altísimos: se estima que Rusia pierde cerca de 1.000 hombres diariamente.
El gasto militar en personal ascendió a 4 billones de rublos en 2025, representando el 2% del PIB, con un gran porcentaje destinado a indemnizaciones por fallecimiento. Ante la falta de transparencia, el gobierno suspendió las encuestas poblacionales oficiales hasta 2029, y demógrafos como Alexei Raksha, que denunciaron el ocultamiento de datos, han sido señalados como agentes extranjeros.
Para suplir la carencia de trabajadores, Rusia ha recurrido a la importación de mano de obra de Cuba, India, Corea del Norte y Sri Lanka, otorgando 240.000 permisos de trabajo el año pasado. La tasa de natalidad también se ha desplomado a 1,3 hijos por mujer, el nivel más bajo en casi dos décadas. En respuesta, la Duma prohibió la promoción de la vida sin hijos y algunas regiones restringen el acceso al aborto, mientras las redes sociales como VK se llenan de propaganda natalista.
El descontento familiar también crece. Una ciudadana expresó su frustración ante la gestión del conflicto:
“Un país con un ejército normal habría terminado con esto en uno o tres meses, no lo habría alargado durante tres años y medio. Él [Putin] lo ha jodido todo por completo”.
El pesimismo se ha instalado en la sociedad rusa. El 60% de la población espera un futuro más complicado, y los casos de depresión y ansiedad han aumentado un 21% en los últimos años. El optimismo inicial sobre un posible fin rápido del conflicto se ha transformado en una sensación de estancamiento. Como relató una mujer rusa:
“Me siento como un insecto atrapado en ámbar. La vida sigue fuera, pero tu propia vida está congelada”.
Al final, la mayoría de los rusos anhela el fin de las hostilidades, pero como los pasajeros de aquel autobús en Moscú, optan por ignorar a los hombres uniformados y la realidad que representan.
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