El escenario judicial para el exministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, ha dado un giro inesperado. Se confirmó que el abogado penalista Mauricio Pava Lugo ha presentado su renuncia formal a la defensa del exfuncionario, quien se encuentra procesado por el escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según trascendió, Pava Lugo fundamentó su decisión señalando que su labor se enfoca estrictamente en una defensa de carácter jurídico y no político. Por esta razón, optó por no continuar representando al exjefe de la cartera de Hacienda, quien enfrenta cargos por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Esta dimisión no es la única en el equipo legal. Se informó que el jurista Javier Torres, colaborador cercano de Pava, también se ha retirado del proceso de defensa del exministro.
Antecedentes de la defensa técnica
Hacia finales de diciembre de 2024, coincidiendo con la salida de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda, el entonces abogado defensor reportó progresos en la recopilación de pruebas para sostener la inocencia de su cliente. La estrategia buscaba demostrar que Bonilla actuó bajo el marco de sus competencias legales, sin participación en actos ilícitos.
“Desde hace tres meses, la defensa del ministro, con el aval del Tribunal y de la Corte, ha recaudado pruebas esenciales para demostrar su inocencia. Confiamos en que la investigación diferencie las funciones legales cumplidas por el ministro y la red de saqueo al erario, urdida por corruptos confesos. El país debe conocer cuánto se robaron, cuánto falsificaron y cuánto han mentido para confundir a la opinión pública”, manifestó en su momento el equipo jurídico.
A pesar de estos argumentos, el proceso penal ha escalado hasta la imputación formal de cargos y la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario.
Las acusaciones de la Fiscalía
Las investigaciones lideradas por la Fiscalía General de la Nación sugieren que Ricardo Bonilla, en conjunto con el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habría emitido directrices para que la Ungrd gestionara contratos y desviara fondos públicos hacia ciertos congresistas. El objetivo de estas maniobras habría sido asegurar el respaldo legislativo a las reformas y proyectos del Gobierno nacional.
El ente acusador sostiene que los implicados habrían participado en reuniones y realizado seguimiento para que proyectos de inversión, tanto en la Ungrd como en el Instituto Nacional de Vías (Invías), fueran entregados a legisladores específicos a cambio de sus votos en el Congreso.
Debido a la gravedad de estos señalamientos, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, actuando con funciones de control de garantías, ordenó la privación de la libertad de los exministros mientras continúan las investigaciones y se resuelve su situación legal definitiva.
Respaldo desde la Presidencia
Pese a la situación judicial, Ricardo Bonilla mantiene el apoyo del presidente Gustavo Petro. El mandatario ha reiterado públicamente su confianza en la integridad del exministro. En diciembre de 2025, tras conocerse la medida cautelar contra Bonilla, el jefe de Estado defendió su trayectoria de varios años y su presunta inocencia.
El presidente ha calificado a Bonilla como una víctima de extorsión y un “chivo expiatorio” dentro de la investigación por la red de corrupción en la Ungrd. Al respecto, el mandatario puntualizó:
“Ha sido extorsionado y es víctima, y sé que lo convierte en el chivo expiatorio cuando yo impedí cualquier tráfico de influencias de congresistas, porque anulé sus peticiones expulsando al señor Olmedo de la UNGRD por corrupto”.
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