La cifra de extranjeros detenidos y deportados en el territorio de la República Dominicana ha alcanzado niveles sumamente altos durante el primer bimestre del año 2026. De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Dirección General de Migración (DGM), un total de 67,940 individuos en condición migratoria irregular fueron expulsados tras intensos operativos ejecutados en diversas provincias, contando con el respaldo estratégico de las fuerzas policiales y militares del país.
Al analizar específicamente el comportamiento de febrero, se evidencia la magnitud de las políticas de control implementadas: en dicho mes, 30,799 ciudadanos extranjeros fueron devueltos a su país a través de los diversos pasos fronterizos con Haití. Estos datos confirman que las acciones de intercepción se han vuelto más frecuentes tanto en las demarcaciones limítrofes como en los centros urbanos de Santo Domingo y otras regiones estratégicas de la nación.
En un periodo de tiempo sumamente corto, comprendido entre el jueves 26 y el sábado 28 de febrero, las unidades conjuntas lograron la aprehensión de 2,405 personas debido a su estatus migratorio no regularizado. El liderazgo de estas acciones recayó en la DGM con 1,807 detenciones, apoyada por el Ejército de República Dominicana con 295 arrestos, la Policía Nacional con 146, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) con 147 y la Armada con 10 capturas.
Durante ese intervalo de tres días, el recuento oficial señala que 2,353 personas completaron su proceso de deportación. La actividad de vigilancia no se detuvo al llegar el fin de semana, ya que el domingo 1 de marzo, mediante una labor coordinada con los organismos de defensa y seguridad nacional, se capturó a otros 666 extranjeros.
En cuanto a esta última jornada de detenciones, se detalló que 431 fueron ejecutadas directamente por agentes de migración, mientras que 235 resultaron de operativos combinados. En estos últimos, el Ejército aportó 176 detenciones, la Policía Nacional 43 y el CESFRONT sumó 16 capturas adicionales.
La distribución de las expulsiones se realizó de forma variada a través de las puertas fronterizas. La Dirección General de Migración especificó que 760 extranjeros fueron repatriados en una sola fecha, distribuidos de la siguiente manera: 518 por la zona de Dajabón, 149 a través de Elías Piña, 46 por el punto de Jimaní y 47 mediante Pedernales. Estos lugares se han consolidado como las rutas primordiales para el retorno de migrantes.
Despliegue de operativos a escala nacional
Las instituciones de control han ejecutado planes de acción sistemáticos en todo el Gran Santo Domingo, abarcando sectores densamente poblados como Los Alcarrizos, Ciudad Juan Bosch, Boca Chica y Sabana Perdida. Asimismo, el Distrito Nacional fue escenario de intervenciones en barrios como Los Guarícanos, Cristo Rey y Los Ríos.
Hacia el norte del país, los esfuerzos de control se concentraron en las provincias de Santiago, Mao, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Montecristi, cubriendo tanto perímetros metropolitanos como áreas rurales. Esta misma línea de acción se trasladó a la región este, afectando a municipios y zonas de alta actividad agrícola y turística en La Romana y La Altagracia, destacando localidades como Bávaro, Verón, Bayahíbe y Uvero Alto.
La franja fronteriza permaneció bajo estricta vigilancia con operativos en Dajabón, Comendador (Elías Piña), Jimaní y Pedernales. En el sur de la isla, las redadas alcanzaron a Azua, Baní y múltiples localidades de Barahona, entre las que se mencionan Vicente Noble y Tamayo.
Voceros de las autoridades dominicanas precisaron que la finalidad de estas movilizaciones es fortalecer el control de la migración y asegurar que se cumplan las leyes nacionales de la materia. Desde la DGM se ha enfatizado que todos los procedimientos cuentan con la colaboración de los entes de seguridad del Estado y se llevan a cabo bajo el compromiso de proteger los derechos humanos de cada detenido.
El incremento en la rigurosidad de la vigilancia en las fronteras de República Dominicana es parte de una política de Estado que prioriza la localización y expulsión de personas en situación irregular, especialmente ante el flujo migratorio desde Haití. La institución migratoria ha ratificado que estas labores no solo continuarán, sino que serán expandidas durante los meses venideros.
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