La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, exhortó al Estado ecuatoriano a respetar las decisiones judiciales en el caso de Alexandra Villacís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura. El pronunciamiento, emitido este 31 de marzo de 2026, se produce en un contexto de una orden judicial que, hasta la fecha, no es ejecutada.
Hace más de una semana, una jueza dispuso que el Ministerio de Trabajo levante el impedimento que pesa sobre Villacís para ejercer cargos públicos. Sin embargo, la cartera de Estado no acata la resolución, lo que ha generado cuestionamientos sobre el respeto al Estado de derecho y la eficacia de las garantías constitucionales en el país.
Señalamientos reiterados sobre la independencia judicial
Satterthwaite, a través de la red social X, expresó que: “El Estado de derecho exige que las decisiones constitucionales sean respetadas”. La funcionaria internacional también advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de una preocupación recurrente. Según indicó, recibió en varias ocasiones “noticias preocupantes” relacionadas con la independencia del sistema judicial ecuatoriano.
Además, señaló que la situación actual “parece alinearse” con reportes previos sobre el deterioro del sistema de justicia en Ecuador, una preocupación que, según dijo, ya ha sido comunicada a las autoridades mediante pronunciamientos públicos.
Designación en marcha y exclusión de Villacís
Mientras la orden judicial sigue sin cumplirse, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) avanza en un proceso paralelo que podría dejar fuera a Villacís. El organismo tiene previsto sesionar el 1 de abril para resolver la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia con el objetivo de designar a un nuevo vocal principal del Consejo de la Judicatura.
Este movimiento ocurre tras la censura y destitución de Mario Godoy por parte de la Asamblea Nacional el pasado 18 de febrero de 2026. No obstante, la eventual designación de un reemplazo sin considerar a Villacís —quien cuenta con una orden judicial a su favor— evidencia una posible contradicción entre las decisiones administrativas y las resoluciones judiciales vigentes.
Radio Pichincha