Desde 1980, el Perú ha sido testigo de un ritual democrático ininterrumpido: la transmisión del mando presidencial, tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República, fruto de la voluntad popular expresada en las urnas. La banda presidencial ha pasado de Belaunde a Fujimori, luego a Toledo, García, Humala, Kuczynski, Castillo, y finalmente a Fujimori. En el camino, vicepresidentes o presidentes del Congreso han completado los períodos, asegurando siempre la sucesión constitucional. Esto demuestra que, pese a los tiempos difíciles, el país ha recurrido a las fórmulas constitucionales para garantizar la continuidad del poder.
En su discurso inaugural, la mandataria delineó los ejes del nuevo gobierno, agrupados en siete grandes objetivos nacionales. De todos ellos, el quinto resulta particularmente relevante: el Fortalecimiento Institucional. Allí se reitera el compromiso con la independencia de poderes —pilar básico de la democracia—, lo que se traduce en respeto a la libertad de expresión y en una reforma del sistema de justicia basada en criterios meritocráticos. Se hizo especial hincapié en la necesidad de coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Perú goza de libertad de expresión; históricamente ha sido una sociedad que disfruta del debate político y la sátira social. Sin embargo, en los últimos años la criminalidad organizada ha empezado a amenazar a quienes la critican o exponen sus acciones. Esto obliga a implementar medidas especiales de protección para evitar que el sicariato cobre más víctimas, como ocurrió en 2025, cuando fueron asesinados periodistas en Ica, Iquitos, Pacasmayo y Aguaytía. Sobre todo, se debe aplicar de manera irrestricta las normas de transparencia y acceso a la información.
La reforma del sistema de justicia es un tema que debe abordarse desde el primer día. El servicio público de solución de controversias ya no da más. Todos somos testigos de que los procesos son interminables. En temas pequeños —como el pago de renta, pensiones de alimentos o beneficios sociales—, donde los derechos no están en discusión y representan un porcentaje importante de la carga procesal del Poder Judicial, obtener una sentencia exige paciencia. Luego, ejecutar el mandato implica un suplicio de años, lo que permite el abuso del derecho por parte del deudor y genera descrédito en la ciudadanía.
“Es así que resulta necesario aplicar medidas urgentes para sentenciar y/o ejecutar en forma rápida los cientos de miles de casos que como los de alimentos y laborales, están en proceso sin permitir el oportuno acceso al dinero que debe permitir la subsistencia de los alimentistas o ex trabajadores.”
La gran reforma debe ser coordinada. Para evitar empezar de cero, se debe partir de la información y propuestas recogidas por la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, que presidió la entonces congresista Maricarmen Alva. Allí se plantean el certiorari para el Tribunal Constitucional, la regulación de la casación y el nombramiento de magistrados provisionales, que afecta a la mitad del sistema judicial. Son temas sobre los que aún no existe suficiente debate.
Para concluir, hay muchas tareas pendientes, pero el acceso a la Justicia debe ser una prioridad.
Fuente: Infobae