El Consejo de Administración Legislativa (CAL) mantiene bajo análisis una propuesta de reforma al artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), presentada el 15 de enero de 2026 por la asambleísta oficialista Camila León Cueva (ADN). El proyecto busca que los jueces, antes de sancionar expresiones que afecten la honra de servidores públicos, verifiquen si estas se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
La propuesta de León sugiere que, en casos de contravenciones de cuarta clase —sancionadas con 15 a 30 días de cárcel—, se apliquen estándares interamericanos de «protección reforzada» a la crítica ciudadana sobre asuntos de interés público. No obstante, la iniciativa ha generado rechazo en sectores de la oposición.
Legisladores como Héctor Rodríguez (RC) y Alfredo Serrano (PSC) califican la propuesta de «innecesaria» y «anticonvencional». Ambos sostienen que el uso de la vía penal para proteger el honor de funcionarios contraviene los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual establece que los servidores públicos deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica. El debate ahora queda en manos del CAL, que decidirá el futuro del proyecto tras recibir el informe técnico de la Unidad Técnica Legislativa (UTL).