Endurecimiento de penas y más presencia de la fuerza pública en escuelas y colegios son parte de las acciones a corto plazo que va adoptando el Gobierno enfocadas en evitar el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos criminales que los buscan para que sean parte de los denominados ‘combos’.
En estos primeros 41 días de gestión, la Administración de Daniel Noboa estructuró un marco legal enfocado en los menores de edad involucrados en hecho delictivos, a propósito del aumento de la violencia propagada por el crimen organizado.
Su política se enrumba con ese enfoque, pese a que la Corte Constitucional (CC) ha llamado al Estado a limitar la intervención punitiva en casos que involucren a los menores, tomando en cuenta que el artículo 175 de la Constitución establece que ellos “están sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada”.
Reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, un comité de instituciones que trabajaría para evitar el reclutamiento de los menores y el plan nacional Nos Cuidamos son tres de las estrategias anunciadas en las últimas semanas.
Aprovechando el contar con una mayoría en la Asamblea Nacional, la bancada gobiernista de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados aprobaron la Ley Orgánica de Integridad Pública, de carácter económico-urgente, que incluyó ocho reformas penales al Código de la Niñez en las que se promueve el juzgamiento de menores como adultos.
Por ejemplo, en cuanto a la duración del internamiento preventivo, antes de la reforma, este no podía exceder de 90 días; en adelante, durará 180 días.
Se agregó un inciso para que, en casos de delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con penas superiores a diez años de prisión, el internamiento preventivo pueda durar un año. Es decir, se igualó a una orden de prisión preventiva que puede dictar un juez en el procesamiento de un adulto.
Antes del 26 de junio de 2025 —cuando se promulgó la ley en el Registro Oficial—, las acciones prescribían en tres años y las contravenciones en treinta días.
Con la reforma, el ejercicio de la acción en los casos de delitos prescribirá en cinco años, excepto los contemplados en el COIP que se sancionan con penas superiores a diez años de cárcel, que prescribirán en diez años.
En tanto, las contravenciones prescribirán en 180 días desde su comisión.
Respecto de la investigación previa, no deberá exceder de un año en los delitos sancionados con hasta cinco años, ni de dos años en aquellos delitos con penas superiores a cinco años.
Antes, la investigación previa no excedía de cuatro meses en los delitos sancionados con penas de hasta cinco años, ni de ocho meses en aquellos sancionados con pena superior a cinco años.
Otro ejemplo son los delitos sancionados con penas superiores a diez años, en los que se aplicará la medida de internamiento institucional de diez a doce años.
Antes de la reforma, se aplicaba la medida de amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años.
En el caso de que un adolescente cumpla la mayoría de edad, se quedará completando su pena en un centro de adolescentes infractores.
Pero si la detención del menor se dio mientras regía un conflicto armado interno, las medidas socioeducativas se cumplirán en centros carcelarios para adultos, para lo que se considerarán “secciones especiales para garantizar sus derechos”.
Se desconoce cuáles serán esas secciones especiales que se integrarán en las cárceles del país, en las que existe una sobrepoblación o hacinamiento.
En lo que va del 2025, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) ejecutó 218 traslados de presos a nivel nacional por condiciones de hacinamiento.
Estas medidas se aplicarán si un menor es detenido por diecisiete delitos tipificados en el COIP, como reclutamiento de niños y adolescentes con fines delictivos; tráfico ilícito de armas o de sustancias ilícitas; asesinato, sicariato, extorsión, entre otros.
El Gobierno fundamenta este tipo de sanciones como adultos porque en el 2024 la Policía Nacional detuvo a 3.086 menores, cifra que se habría “duplicado” en comparación con la del 2023. Aunque no se precisa la cifra de ese año y por qué fueron detenidos.
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno (ADN), justificó en el informe de trámite del proyecto de ley que este endurecimiento de penas se debe a que las “nuevas generaciones están del lado incorrecto de la ley”.
Además sostuvo que no se vulneran las garantías de un sistema propio para los jóvenes y el trato diferenciado que establece la Constitución, porque “no se busca reformar el sistema de sanciones a adolescentes infractores”; al contrario, se pretende “robustecer las penas a los menores de 18 años que han sido reclutados por bandas criminales” y así desincentivar su presencia en estos grupos.
Reclutamiento de niños se enfrenta a la falta de atención del Estado
Este tipo de medidas punitivas se introduce bajo un diagnóstico poco alentador para el desarrollo de niños y adolescentes.
De acuerdo con informes militares y de inteligencia que posee el Gobierno, en Ecuador hay dos grandes bandas criminales: Los Choneros y Los Lobos; entre las dos sumarían más de 23.000 miembros a nivel nacional.
Los Choneros, grupo que encabeza el narcotraficante Adolfo Macías Villamar, alias Fito, estaría integrado por 8.000 personas a las que se suman sus “brazos armados”.
Entre estos Las Águilas, con 2.500 miembros; Los Gánsters, con 1.000; Los Fatales, con 1.500. En total, unos 13.000 integrantes esparcidos en 11 de las 24 provincias.
Los Lobos, con presencia en diecisiete provincias, contarían con 10.000 miembros, según refieren los informes.
Para aumentar su fuerza, estas bandas reclutan personas de 15 a 22 años, que viven en condiciones de pobreza, consumen drogas o son delincuentes comunes, a quienes atraen a través de publicaciones en redes sociales o las someten a amenazas.
Los niños y adolescentes que son cooptados se integran a una estructura organizada en la que se los conoce como los ‘combos’, y tanto Los Choneros como Los Lobos les asignan actividades para cuidar de sus territorios, trasladar o custodiar drogas, dinero o armas, la gestión de economías criminales callejeras y participar en actos de violencia, incluidos asesinatos.
Estos hechos se enfrentan a una posible falta de atención del Estado.
La Defensoría del Pueblo, con base en información de la Policía Nacional, ejemplificó en un informe que entre 2022 y el 2023 fallecieron 430 niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia.
Sin embargo, el Estado, en lugar de apuntar a los problemas sociales, actúa desde “una mirada punitiva”.
La Defensoría detectó que los ministerios de Inclusión Económica y Social (MIES), de Educación, de Salud Pública se financian con recursos externos y no del presupuesto general del Estado.
En el caso del MIES, detalla, el 99 % de la inversión se estaría financiando con deuda o donaciones, y apenas el 1 % son recursos públicos.
En relación con el trabajo infantil, y según la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a junio del 2022, se verificó que 270.340 menores de 15 años estaban en situación de trabajo infantil.
Asimismo, el MIES atiende a 12.160 menores de 15 años en servicios de erradicación del trabajo infantil y 2.480 en erradicación progresiva de la mendicidad.
“La brecha de desprotección es de 255.700 menores que siguen trabajando sin ningún servicio de protección integral”, recoge un documento de la Defensoría de noviembre del 2023.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Ecuador sentó su preocupación por el contenido de estas reformas, a las que calificó de “regresivas”.
“Este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad. (…) Incluso podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la reintegración para los adolescentes”, manifiesta un comunicado de la organización internacional.
A propósito del reclutamiento de menores, la respuesta que dio el mandatario Daniel Noboa fue crear un comité para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, cuyo objetivo sería el de fomentar políticas públicas.
Lo integran diecisiete instituciones de la Función Ejecutiva, que las preside la “entidad rectora de seguridad ciudadana” y también es parte la vicepresidenta de la República, María José Pinto.
Para esta iniciativa no se destinarán recursos adicionales o extraordinarios, ya que, según el Ministerio de Economía y Finanzas, no genera un impacto fiscal, pues cada entidad financiará sus actividades con los recursos que han sido asignados a través del presupuesto, expone el Decreto Ejecutivo 21 del 5 de junio de 2025.
Entre sus primeras acciones, tienen un plazo de quince días para que elaboren su reglamento de funcionamiento.
Hasta el momento, se desconocen sus primeras actividades o acciones.
Rescatar la figura de la autoridad en los centros educativos, la esencia del plan Nos Cuidamos
Hace una semana, y luego de que en las redes sociales se difundió un video de una adolescente golpeando a otra en el parque Itchimbía en Quito, el Gobierno anunció la implementación del plan nacional Nos Cuidamos.
El proyecto se sostiene sobre cuatro ejes: cognitivo, operativo, normativo y territorial; y, en la práctica, el Ministerio de Educación trabaja en los mecanismos legales para que la fuerza pública pueda ingresar a los centros educativos cuando se conozca un “riesgo”.
“El objetivo detrás de los cambios legales es devolver a los docentes la figura de autoridad para poder tener control sobre los alumnos. La reforma normativa permitiría que la fuerza pública ingrese a un centro cuando haya una declaratoria de ‘peligro cierto’ y haya una presencia ágil de las autoridades”, explicó Patricio Moreno, subsecretario de Educación del Ministerio de Educación, en un diálogo en Radio Democracia días atrás.
El funcionario explicó que el plan es parte una estrategia integral para que las escuelas y colegios sean sitios seguros para la estancia de los niños y adolescentes.
Para el siguiente año lectivo en la Sierra, que empezará en septiembre próximo, el ministerio estaría planeando implantar este modelo en 450 instituciones.
Se contemplan actividades como reanudar la premilitar, que se capaciten en conocimientos de defensa civil o autodefensa, como una herramienta para su seguridad.
Se reforzaría la vigilancia en instituciones ubicadas en sitios conflictivos y, al mismo tiempo, se modificarían los horarios de ingreso y salida de clases para facilitar la movilización de los menores a sus hogares.
Se crearía un Comité de Emergencia Educativa para que, cuando haya una alerta, se active la institucionalidad y tomar acciones inmediatas; así también, las escuelas para padres, “para que se conviertan en guardianes” de sus hijos y tengan herramientas para prevenir la violencia, el consumo de drogas o ingresar a pandillas.
Este proyecto está en ciernes, pues se requieren cambios legales, sobre todo para que la fuerza pública atienda las emergencias en las instituciones.
A criterio de Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha y secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, el Gobierno está implementando un marco legal que, “lejos de atacar” el crimen organizado y sus delitos conexos, está concediendo privilegios procesales para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por figuras como el indulto anticipado.
“La Ley de Solidaridad, de Inteligencia y de Integridad Pública forman parte de una política global que va a acabar criminalizando a los ciudadanos, convirtiéndoles en eventuales sospechosos. Son placebos, populismo penal que se ampara en el sentimiento de inseguridad de la ciudadanía, y el Gobierno se aprovecha de eso”, opinó.
Cree que se debería declarar emergencia en el sistema de educación para atender los fenómenos que afectan a los niños y jóvenes.
“Para que, en lugar de deambular por las calles, no sean presa fácil de las bandas delictivas”, reflexionó Guzmán.
En contra de esta ley se presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional que fueron admitidas a trámite.
Una de las demandas es de la Unión Nacional de Educadores (UNE), cuyo presidente, Andrés Quishpe, pide que se declare su inconstitucionalidad, entre otros artículos, por las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. (I)
Fuente: El Universo