El mandatario ruso, Vladimir Putin, oficializó una ley que otorga al Kremlin mayores atribuciones para emplear a las fuerzas armadas más allá de las fronteras nacionales, bajo el argumento de resguardar a los connacionales que sean arrestados o sometidos a procesos judiciales en otras naciones.
La normativa, que ya había recibido el visto bueno de las dos cámaras legislativas, permite al jefe de Estado ordenar operaciones militares extraterritoriales sin requerir una autorización de organismos internacionales.
El texto legal fue divulgado este lunes en el portal oficial de información jurídica de Rusia y detalla que el presidente podrá aprobar el envío de unidades castrenses “para la defensa de ciudadanos rusos” frente a detenciones, enjuiciamientos o medidas judiciales impulsadas por administraciones extranjeras o entidades internacionales.
La legislación abarca escenarios donde ciudadanos rusos enfrenten pesquisas o aprehensiones sin la intervención de Moscú y al margen de mecanismos apoyados por tratados internacionales o resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En los hechos, la normativa establece un fundamento legal interno para justificar eventuales intervenciones militares bajo el pretexto de salvaguardar a nacionales rusos en el extranjero.
Esta modificación refuerza una estrategia que el Kremlim ha empleado durante años para respaldar acciones castrenses fuera de su territorio. Moscú ha esgrimido en múltiples oportunidades la necesidad de proteger a ciudadanos rusos y rusoparlantes en países vecinos antes de la anexión de Crimea en 2014 y posteriormente durante la invasión a gran escala de Ucrania iniciada en 2022.
La nueva ley también expande una reforma introducida en 2023 a la legislación sobre seguridad nacional rusa. Aquella enmienda facultaba al jefe de Estado “a tomar medidas para la defensa de Rusia y sus ciudadanos” frente a acciones calificadas como contrarias a los intereses de la Federación Rusa, aunque no puntualizaba cuáles podían ser esos mecanismos. Con la norma ahora promulgada, el empleo directo de las Fuerzas Armadas queda explícitamente habilitado.
Desde las filas oficialistas rusas se defendió la iniciativa como una herramienta “preventiva”. El senador Andréi Klishás, presidente del Comité de Legislación Constitucional, sostuvo que la medida robustecerá “el prestigio internacional” del país y amparará a los ciudadanos rusos frente a lo que definió como actos hostiles en el extranjero.
Por su parte, el diputado Andréi Kartapólov, jefe del comité de defensa de la Duma, vinculó el proyecto con el caso del arqueólogo ruso Alexandr Butiaguin, detenido en Polonia a pedido de Ucrania por excavaciones realizadas en Crimea, territorio ocupado y anexado por Moscú pero reconocido internacionalmente como parte de Ucrania.
Analistas y autoridades occidentales miran con inquietud el alcance de la legislación. La norma surge en medio de crecientes advertencias de servicios de inteligencia europeos y de la OTAN sobre la posibilidad de nuevas acciones agresivas rusas fuera de Ucrania en los próximos años.
Esta ley también podría aplicarse para resguardar intereses estratégicos rusos en alta mar. Algunos especialistas señalaron que el texto abre la puerta a justificar escoltas militares para naves vinculadas a la denominada “flota fantasma” rusa, utilizada para exportar petróleo y sortear las sanciones internacionales impuestas tras la guerra en Ucrania.
El Kremlin ha denunciado reiteradamente una supuesta “rusofobia” internacional para justificar políticas de confrontación con Occidente. Legisladores rusos defendieron la nueva legislación justamente como una respuesta frente a esa presunta campaña contra ciudadanos rusos en el exterior.
Aunque Moscú intentó comparar la norma con mecanismos legales empleados por Estados Unidos para proteger personal militar ante tribunales internacionales, la ley firmada por Putin concede amplias facultades unilaterales al presidente ruso para ordenar operaciones militares en terceros países sin supervisión externa.
El dispositivo entrará en vigor dentro de diez días. Con esta decisión, el Kremlin consolida otro paso en la ampliación de los poderes presidenciales ligados al uso de la fuerza fuera de Rusia.
(Con información de EFE)
Fuente: Infobae