El proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía pasó el primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional.
El primer informe de esta propuesta enviada por el Ejecutivo con carácter económico urgente se conoció y debatió la tarde de este viernes, 20 de febrero de 2026, en la sesión plenaria 072 que se desarrolló en la Universidad Ecotec, campus Samborondón.
El documento fue elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico, de mayoría oficialista, y destaca que el objetivo del proyecto es fortalecer los sectores estratégicos de minería y energía mediante una regulación eficiente que permita la generación de ingresos fiscales y divisas, y contribuya a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica del Estado.
La iniciativa plantea reformas a la Ley de Minería sobre actos administrativos previos para ejecutar las actividades mineras; la patente de conservación; la etapa de exploración de la concesión minera; regalías a la explotación de minerales, entre otros.
En cuanto al sector eléctrico, la propuesta reforma algunos aspectos de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica como el cumplimiento del plan maestro de electricidad por parte de las empresas privadas y estatales, el sistema de generación distribuida para autoabastecimiento, la autogeneración de energía, y más.
Tras el debate, el asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Diego Salas, presentó la moción para negar y archivar este proyecto de ley urgente, pero la propuesta no pasó. En el pleno hubo 62 a favor de la bancada correísta, 75 negativos del oficialismo y 5 abstenciones.
En el debate, Alejandro Lara, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y legislador de ADN, resaltó que estas reformas apuestan a la transparencia, a la inversión y al desarrollo de estos sectores estratégicos.
El asambleísta destacó cuatro puntos clave de este proyecto de ley: Agilizar la inversión formal en la minería; fortalecer la capacidad de control y de recaudación del Estado, garantizando que las regalías se queden en los territorios; permitir la participación privada en generación eléctrica bajo condiciones objetivas y con rectoría pública; y fomentar el autoabastecimiento energético y la diversificación tecnológica para reducir el riesgo de posibles racionamientos.
Lara aclaró que la iniciativa no busca suprimir la licencia ambiental para los proyectos mineros, de hecho, dijo, promueve la formalidad de la minería y brinda beneficios concretos a las comunidades.
Su coideario, Adrián Castro (ADN) también reconoció la importancia de esta ley, pues afirmó que abarca políticas para el cuidado y la protección del medio ambiente, sin descuidar el progreso del país.
Castro defendió los aportes que hizo el oficialismo en la Comisión de Desarrollo Económico son estrictamente técnicos y tienen que ver con la seguridad jurídica, para no caer en vicios de inconstitucionalidad y, sobre todo, dijo, sopesar bienes jurídicos protegidos frente a otros.
El asambleísta del Gobierno sostuvo que la autorización ambiental debe ser esclarecida en el informe para segundo debate para que no existan dudas sobre la eliminación de este permiso.
“No hay una definición concreta dentro del proyecto. Creo que debemos terminar con cualquier tipo de duda frente a ello porque, dentro de sectores que no tienen vínculos políticos, existe esta incertidumbre”, dijo.
Diego Salas, del correísmo, criticó la rapidez con la cual la mesa parlamentaria tramita este proyecto. Además, observó el carácter económico urgente con el que fue enviado la incorporación de reformas estructurales y permanentes, reglas ambientales, mercado eléctrico y un régimen de seguridad estratégica para zonas de minería.
“Hoy no debatimos solo un proyecto urgente, debatimos si esta Asamblea le entrega al Gobierno Nacional un cheque en blanco para tocar minería, energía, ambiente y seguridad, todo en un solo paquete y a la carrera”.
Salas consideró que este proyecto ‘baja todos los candados’ en materia ambiental, ya que sustituye el esquema vigente de licencia ambiental por una autorización ambiental e introduce un ‘silencio administrativo encubierto’. Asimismo, alertó que con esta propuesta “se normaliza la intervención de las Fuerzas Armadas en áreas mineras con la declaración de seguridad estratégica por acto administrativo”.
El correísta hizo un llamado para negar y archivar este proyecto de ley para construir uno nuevo con la participación de la academia, expertos, gremios y comunidades.
Su compañera de bancada, Verónica Iñiguez, alegó vicios de fondo y de forma que se enmarcan, dijo, dentro de una inconstitucionalidad.
Para la legisladora la propuesta vulnera el principio de unidad de la materia ya que justificó que concentra dentro de un mismo cuerpo normativo, reformas ambientales, modificaciones estructurales al mercado energético, disposiciones de seguridad estratégica con participación de las Fuerzas Armadas y un rediseño al licenciamiento ambiental bajo la figura de urgencia económica.
En el plano minero, Iñiguez sostuvo que la reforma elimina la diferenciación entre exploración inicial, exploración avanzada y la evaluación económica del yacimiento, debilitando el control progresivo del Estado. En materia ambiental, precisó, el texto reemplaza la referencia expresa de licencia ambiental por una noción mucho más amplia de autorización ambiental.
“Me causa pesar que se haya tratado como un simple tema técnico, desconociendo que saber qué es una licencia ambiental es materia legislativa básica”, recalcó.
Del debate también participó Alfredo Serrano, legislador del Partido Social Cristiano (PSC), quien dijo estar de acuerdo con la mayoría de aspectos de la ley, pero sugirió mantener la licencia ambiental.
“Mantengamos la licencia ambiental que ya lleva varios años de vigencia en el país y que está creada, justamente, para proyectos de gran escala o alto impacto ambiental. Si para una carretera te piden una licencia ambiental, imagínense para una minera grande”, planteó.
Serrano también propuso abrir algunas canteras de material pétreo en Galápagos que fueron cerradas, dijo, hace ocho meses.
“Desde hace 80 años, el material pétreo ha salido de ciertas minas que se crearon con la evolución de las islas y que ha servido para las obras, tanto en el sector privado como en el sector público. Actualmente, está paralizada toda la construcción en Galápagos; todo lo que significa dinamizar la economía a través de este sector está detenido. Propongo que mientras se hacen estudios y se realiza la coordinación y el ordenamiento, se abran esas canteras”, pidió.
Asimismo, en el pleno intervinieron otros legisladores como Milton Aguas, Steven Ordóñez, ambos de ADN, Mireya Pazmiño, Noemí Cabrera, de la RC, David Arias, excorreísta, entre otros.
Tras la votación de la moción de Diego Salas, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, dispuso que el texto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para que recoja las observaciones planteadas y elabore un informe que pasará a segundo y definitivo debate en el pleno.
Fuente: El Universo
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