La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este martes 16 de junio, con siete votos afirmativos, aprobó el informe para segundo debate del Proyecto de Ley de Extradición, normativa que constituye una respuesta frente a la complejidad del contexto nacional y al creciente desafío del crimen organizado transnacional. Además, recoge el pronunciamiento popular expresado en el Referéndum del 21 de abril de 2024, en el que se consultó la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos bajo las condiciones y requisitos establecidos en la Constitución.
La propuesta moderniza el régimen de extradición ecuatoriano al incorporar definiciones y procedimientos actualizados; fortalecer la actuación institucional de la Corte Nacional de Justicia y los mecanismos de cooperación diplomática; ampliar y precisar las garantías procesales; y establecer reglas uniformes para la extradición activa y pasiva, eliminando vacíos normativos que históricamente han dificultado la eficacia del Estado en esta materia.
Según el informe aprobado por la mesa legislativa, la iniciativa articula un sistema coherente, actualizado y alineado a los estándares internacionales, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento institucional, la lucha contra la delincuencia organizada y la protección de los derechos fundamentales de las personas.
El proyecto se sustenta en la cooperación internacional como mecanismo esencial para combatir la criminalidad transnacional. En este contexto, la colaboración entre Estados permite implementar procedimientos como el intercambio de información, la asistencia penal y la extradición, herramientas que facilitan a las autoridades policiales y judiciales superar las limitaciones derivadas de la territorialidad de las leyes nacionales. Sin este auxilio judicial internacional, resultaría imposible enfrentar eficazmente a organizaciones delictivas que operan más allá de las fronteras.
El texto contiene 40 artículos, dos disposiciones generales, dos disposiciones transitorias, tres disposiciones reformatorias a los artículos 72, 541 y 563 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y una disposición derogatoria.
Reformas al COIP
Durante la misma sesión, la comisión avocó conocimiento e inició el tratamiento de los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y al Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionados con la lucha contra la corrupción en los delitos contra la administración pública y con la financiación ilegal de partidos y movimientos políticos.
A partir de esta fecha correrán los plazos para la socialización de las propuestas, con el fin de que los distintos actores presenten sus observaciones y aportes.
EG